Nicolás Redondo, Secretario General de UGT en diciembre de 1988
Treinta años son muchos en la vida de una persona; sin embargo, resultan insuficientes en una perspectiva histórica. En cualquier caso, nos permiten analizar suficientemente los antecedentes y las consecuencias que tuvo la huelga y, lo que es más importante, valorar su profundo significado.
La primera consideración que se debe hacer de la Huelga del 14-D es que no fue la consecuencia de un fuerte enfado de los responsables de UGT y del conjunto del movimiento sindical, ni producto de la animadversión personal hacia ningún responsable partidario o gubernamental, ni por supuesto una contestación orientada a desgastar, y menos aún a derribar, al Gobierno socialista presidido por Felipe González. Simplemente se pretendió rechazar una política económica y social lesiva para los trabajadores y para los sectores más desfavorecidos a los que el Gobierno decía representar. Tampoco la huelga se produjo súbitamente. Se produce después de un largo desencuentro y de repetidas confrontaciones entre los sindicatos y el Gobierno, tanto por su orientación como por las medidas derivadas de su política económica y social.
Por otra parte, la participación protagonista de UGT en dicha Huelga y el extraordinario éxito de la convocatoria, no movieron al Gobierno y a los dirigentes del partido (PSOE) a la reflexión y a la autocrítica. Por el contrario, el gobierno elaboró un polémico argumentarlo con explicaciones fuertemente descalificadoras y generosamente complacientes con sus profundos errores.
En realidad, las razones que sustentaban la posición de UGT eran muy sólidas y consistían pura y simplemente en que UGT y el conjunto del movimiento sindical estaban en profundo desacuerdo con las medidas de ajuste y austeridad que fueron adoptadas por los sucesivos gobiernos del PSOE. No sólo en la época más difícil de la economía: definida por ajustes salariales, precarización del empleo y reconversiones industriales, sino también, y sobre todo, en una etapa de incipiente prosperidad económica.
En definitiva, el objetivo sindical era cambiar la política económica y exigir una mejor redistribución de los beneficios generados por un mayor crecimiento de la economía, en coherencia con los conceptos definitorios de la socialdemocracia y de la práctica política seguida en el entorno europeo.
En las actuales circunstancias, es muy oportuno recordar que las relaciones entre partido (PSOE) y sindicato socialista (UGT) han sido tradicionalmente fraternales en la perspectiva de un proyecto común de transformación de la injusta sociedad de clases; incluso, para ser miembro del PSOE era preciso afiliarse a UGT como condición necesaria para ser militante de dicho partido.
En coherencia con ello, en el exilio y en los primeros años de la transición democrática eran frecuentes las reuniones de ambas comisiones ejecutivas en un marco general de entendimiento. Podemos afirmar que todos esos años fueron de unidad de pensamiento, de confluencia en la acción y de esforzarnos por conseguir el mayor espacio posible en España para el desarrollo de la socialdemocracia. Esta relación equilibrada no se mantendría después de las elecciones de 1982- como veremos más adelante- y ello me produjo una profunda contrariedad- dada mi condición de militante durante tantos años de lucha en la UGT y en el PSOE-, en la defensa de la libertad, la democracia y de una sociedad más justa e igualitaria. Los desencuentros no irrumpieron de la noche a la mañana, fue un proceso gradual que se agudizó después de la llegada del PSOE al Gobierno, el 28 de octubre de 1982.
Estas elecciones generales de dicho año supusieron un gran triunfo del PSOE: 202 diputados, frente a 107 de Alianza Popular, 11 de UCD, el PCE obtiene 4 y el partido de Adolfo Suárez, 2 diputados. La oposición política quedó diezmada y sin capacidad de ejercer la función que le correspondía. Con estos resultados, que configuraban un nuevo mapa político y abrían una etapa esperanzadora en la historia del país, la figura de Felipe González, como líder socialista, adquirió una gran relevancia que llevó aparejada una ilusión sin límites en los fundamentos sociales de la izquierda y, particularmente, en el seno del PSOE.
En este marco, el papel que se le fue asignando a la UGT, por parte de la dirección socialista, fue el de un simple papel de subordinación a las políticas del Gobierno para que realizara una doble función: hacer de mero consejo consultivo y legitimar las políticas económicas y sociales del gobierno socialista.
Debemos recordar que, a partir de la mala situación económica y de la negativa herencia recibida de los gobiernos de UCD, el nuevo Gobierno socialista opta por desarrollar, en contra de su propio programa electoral, una política de ajuste y de austeridad con los consiguientes recortes salariales, sociales y de inversión. Se proponían previsiones más políticas que técnicas para reducir la inflación, a costa de rebajar el poder adquisitivo de los trabajadores y de los pensionistas, se reducía la cobertura por desempleo, se precarizaba aún más el mercado de trabajo y se incumplían gravemente los acuerdos con los sindicatos, como fue el caso de la jornada de 40 horas semanales y las vacaciones 30 días anuales.
En el año 1984, el Gobierno propuso negociar el Acuerdo Económico y Social (AES), con propuestas como las referidas al mercado de trabajo, totalmente favorables a los empresarios. Un ejemplo muy significativo fue el famoso artículo 17 del AES, que desarrollaba la Directiva Europea del año 1975 sobre despidos colectivos. Ante las diferencias entre los negociadores de la CEOE y de la UGT sobre este punto, el Gobierno intentó negociar un texto con la CEOE, al margen de la dirección de la UGT.
Otro elemento significativo de aquel Acuerdo, fue el intento de realizar una reforma del conjunto de la Seguridad Social. Tal objetivo fracasó fundamentalmente por tres razones; en lugar de una reforma global sobre la Seguridad Social, el Gobierno sólo estaba dispuesto a negociar sobre las pensiones; en segundo lugar porque la reforma que pretendía el Gobierno implicaba un recorte superior al 10% de las pensiones; y, tercero, porque el Gobierno no estaba dispuesto a establecer una cláusula de revisión automática para las pensiones (su inexistencia suponía, al cabo de unos pocos años, una fuerte pérdida de poder adquisitivo de las pensiones).
Después de varias reuniones de la UGT y de CCOO con el Gobierno, éste redujo la reforma, de manera unilateral y por ley, a una regresiva Ley de Pensiones que llevó a manifestaciones convocadas por UGT y CCOO; incluso, este último sindicato llegó a convocar una huelga general en 1985. A mí, como diputado del PSOE, me obligó a romper la disciplina del grupo parlamentario, votando en contra de esa proposición de ley contraria a las propuestas de UGT. Fueron años de agresivas políticas de austeridad que abrieron una brecha social cada vez mayor entre el Gobierno y el conjunto de los sindicatos, lo que facilitó una mayor unidad de acción entre UGT y CCOO.
Así llegamos a las elecciones legislativas de 1986 donde, a pesar de los enfrentamientos con el Gobierno socialista y de la poca confianza en él, la UGT, con el único fin de evitar lo peor -la llegada al Gobierno de un partido de derechas-, pidió una vez más el voto para el partido socialista y participó con sus afiliados en la campaña electoral. Sin embargo, y a pesar de ello, el nuevo Gobierno mantuvo la misma política económica y social con el lamentable añadido de que, lo que era para el Gobierno una obligada política de rigor, el PSOE lo revestía de un carácter moderno y progresista.
Los argumentos esgrimidos por el gobierno eran de este tenor:
- Se establecía una supuesta relación causa-efecto entre el nivel de vida de los trabajadores en activo y el crecimiento del desempleo.
- El paro masivo se explicaba por la fuerte rigidez del mercado de trabajo.
- Se argumentaba que las prestaciones por desempleo eran muy elevadas, y con ello se desincentivaba el interés por buscar trabajo.
- Se satanizaban los aumentos salariales mientras se privilegiaban los excedentes empresariales.
Esto explica la cultura del Gobierno y del PSOE de que “más valía un precario que un parado”. Ambiciosa política laboral que nos condujo a una desastrosa precariedad y al desempleo.
Por otra parte, desde el sindicato se tenía la percepción, más bien la amarga constatación, de que a pesar de las declaraciones del Gobierno, en cuanto a la necesidad de una política de concertación, éste no variaba un ápice su política económica, ni la patronal cedía en sus rígidas posiciones, terminando por predominar la tesis de determinados ministros que propugnaban una “socialdemocracia sin sindicatos”, lo que hizo imposible un acuerdo social para el año 1986. Por lo tanto, ya en los primeros años del gobierno socialista se fueron sentando las bases de un “social-liberalismo” que, más tarde, desembocó en la huelga general del 14-D.
Lamentablemente nada se aprendió del pasado para mirar al futuro. Futuro cargado de malos presagios dado el malestar social de los trabajadores que, según iba avanzando el año 1987, se iba extendiendo a otras capas sociales que podríamos calificar de clases medias. En clara oposición al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1988, remitido por el Gobierno al Parlamento, en materias como las de protección por desempleo, incrementos de retribuciones salariales y de pensiones o de regresivas reformas fiscales, dimitimos de nuestras responsabilidades parlamentarias: Antón Saracíbar, Cándido Méndez, en aquel entonces Secretario General de UGT-Andalucía, Emilio Castro, Suso Mosquera y yo mismo.
El Comité Confederal de UGT celebrado, el 9 y 10 de octubre de 1987, pedía calma y sosiego al Gobierno y al Partido Socialista, manifestando que las relaciones Gobierno-Sindicatos no eran un problema interno en el campo socialista como decía el Gobierno. Se trataba simplemente de encajar intereses contrapuestos inherentes a la complejidad de las sociedades modernas.
El 24 de enero de 1988, en el XXXI Congreso del PSOE, en nombre de UGT manifesté que:
“El sindicato tiene una posición reivindicativa a la que nunca podrá renunciar. Ni por otra parte se puede pretender que siempre marchen armoniosamente el impulso transformador de la sociedad que el sindicato representa con la gestión y administración de la cosa pública”.
Reiteré ante los delegados de dicho congreso que: “Si todo lo que esperábamos del Gobierno socialista lo teníamos que pactar con los empresarios era mejor quedarnos con las manos libres”.
Ya queda dicho que la dimisión como parlamentarios de varios diputados con responsabilidad en UGT era la manifestación pública de que estas dos funciones habían llegado a ser incompatibles con la política económica y social impuesta por el Gobierno y reflejada en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 1988. El Gobierno se había negado a incorporar a los PGE una propuesta de UGT: Habilitar un crédito extraordinario para que los jubilados recuperaran los 2 puntos de pérdida de poder adquisitivo para que se pudiera reparar el daño causado por el fracaso de la lucha contra la inflación y el cálculo erróneo previsto del 3%, mientras la inflación real alcanzaba el 5%. El Gobierno se niega a aceptar su responsabilidad y se niega también a garantizar la cobertura de desempleo al menos al 48% de los trabajadores en paro, pensiones suficientes y la equiparación de las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Con ello, y debido al “error de cálculo” en la inflación prevista, se produce una agresión económica a varios millones de familias españolas, muchas de ellas con el único perceptor en paro o pensionista.
Después del enfrentamiento Gobierno-UGT, por no tenerse en cuenta, en la revisión salarial, el aumento de la inflación por encima de los pronósticos gubernamentales, la gota que colmó el vaso fue el llamado Plan de Empleo Juvenil (PEJ). Me parece necesario conocerlo y recordarlo, para comprender su importancia, ya que el Gobierno lo consideraba un simple pretexto para la huelga. El Gobierno lo presenta y publicita como la medida idónea para conseguir el primer trabajo para jóvenes entre 16 y 25 años, un contrato que será de duración mínima de 6 meses y máxima de 18 y que supondrá para el empresario ventajas, en su conjunto desorbitadas, como la exoneración de cotización a la Seguridad Social, exenciones fiscales y subvenciones que podrían suponer 200.000 pesetas por cada contrato.
Se dijo entonces, desde UGT y CCOO, que el Plan no era un verdadero Plan, sino una medida concreta de contratación precaria que se sumaba a otras ya existentes y producía una discriminación de los jóvenes respecto al resto de los trabajadores, ya que no estarían cubiertos por la negociación colectiva y cobrarían salarios muy bajos en contra del principio de igual salario por igual trabajo. Los sindicatos consideraron que la medida precarizaba aún más el contrato de trabajo y, además, la cifra de 800.000 contratos de inserción previstos para los próximos tres años era menor que la de 1.200.000 puestos de trabajo creados en los tres años últimos en concepto de prácticas y formación.
El PEJ propiciaba que a los 18 meses los jóvenes perdieran inexorablemente el empleo sin haber conseguido ni formación ni verdadera inserción.
En definitiva, dadas las ventajas concedidas a los patronos con la ganancia que suponía para ellos, frente a contratos estables y bien pagados, el PEJ suponía una invitación al despido de los trabajadores fijos y su sustitución por jóvenes precarizados y mal pagados. Este efecto se produciría en los puestos poco especializados y de forma colateral dificultaría, en gran medida, la consecución de nuevos empleos para los dos millones de parados mayores de 25 años. El Gobierno modificó el 22 de noviembre algunos aspectos del Plan, pero no pudo evitar que varias movilizaciones a lo largo del mes de noviembre culminaran en la manifestación del 1 de diciembre en Madrid, donde 30.000 jóvenes manifestaron su claro rechazo. Felipe González había dicho el 17 de noviembre que en el verano se había llegado a un acuerdo con UGT para discutir sobre el Plan, pero que la “sorpresa” es que ahora el sindicato pide su retirada. Y añadió un símil astronómico, entonces de moda por la divulgación científica de Hawkins: “Hay un desplazamiento hacia ‘el rojo’, no explicable fácilmente”. Curiosa acusación contra UGT utilizando la escala cromática.
El considerado “número tres” del PSOE (Txiki Benegas) ya había sido tajante después del fracaso de la concertación social, pues calificó la estrategia sindical de irracional, conservadora, reaccionaria y poco solidaria, para finalizar achacándola a una conspiración comunista, acusación que intentaron hacer llegar a los partidos socialdemócratas europeos.
La prepotencia del Gobierno y de sus ministros y el egoísmo de la clase privilegiada les impidieron darse cuenta de lo que para todos los demás era ya una crónica anunciada, de la que sólo quedaba concretar la fecha. Concreción que se dio en una reunión en el restaurante “El Parrillón” en las que las delegaciones de la UGT y CCOO, presididas por sus secretarios generales después de serias discusiones, Len cuanto a la fecha a desarrollar la huelga, llegaron por fin al acuerdo de que ésta fuera el 14 de diciembre. En las relaciones UGT-CCOO y, sobre todo, en la superación de los ocasionales desencuentros, jugaron un papel de muy estimable consideración tanto Apolinar Rodríguez, miembro de la Comisión Ejecutiva de la UGT, como Agustín Moreno y Salce Elvira, miembros de la Comisión Ejecutiva de CCOO a los que, desde entonces, me une una profunda amistad.
La unidad de acción sindical, cada vez más estrecha, se hizo patente en el documento redactado conjuntamente por las direcciones de UGT y CCOO llamando al Paro General del 14-D.
El Gobierno y sus colaboradores, con el apoyo de la derecha política, mediática y financiera, en lugar de analizar objetivamente las razones de este cabreo social –que no estaba, como ya he dicho, provocado únicamente por el PEJ, sino también por un crecimiento sin reparto-, de las manifestaciones de protesta y de preguntarse por el origen del descontento social y de si en él les incumbía alguna responsabilidad por los errores de su política económica y social, sustituyeron esa incapacidad por la de buscar un chivo expiatorio responsable de todos los males, que para ellos no podía ser otro que el sindicato “hermano”: la UGT. Y, especialmente, su dirección. La ofensiva del Gobierno contra el Paro General tuvo, entre otras, estas manifestaciones:
- Se convocan por la dirección del PSOE a cuadros del sindicato, donde se imparte la filosofía de hacer de UGT un sindicato meramente de servicios y no reivindicativo. Y donde se reclama la preeminencia de la afiliación partidaria sobre la sindical.
- Se firman acuerdos sobre pensiones entre el Gobierno y la Asociación cultural Unión Democrática de Pensionistas, al margen de las federaciones de pensionistas de los sindicatos de clase.
- Se nombran para cargos públicos de relieve a disidentes sindicales de UGT.
- El día 13 de diciembre la Fundación Sistema -con la participación activa de su Presidente y de su Director-, organizó unas jornadas de debate con el partido socialdemócrata sueco en las que se invitó como representación de UGT a 20 dirigentes suspendidos de militancia y expedientados del sindicato.
- Mientras UGT reivindicaba la denominación de Paro para la jornada del 14-D, queriendo con ello evitar todo dramatismo y la consideración de huelga política, el Gobierno y el PSOE evocaban la huelga revolucionaria de 1934 como referencia del carácter inevitablemente violento que adquiriría la movilización del 14-D.
- Los responsables del partido y del Gobierno rivalizan en la búsqueda de enemigos y de conspiraciones por doquier.
- La Comisión de Disciplina del PSOE insta a la UGT a desconvocar el paro y a no hacer el juego a los comunistas.
- Los intentos, tanto desde el Gobierno como desde el Partido, para desestabilizar a la dirección de UGT, son más que evidentes. Incluso, se llegó a constituir un gabinete de crisis en La Moncloa compuesto de responsables del gobierno, del PSOE y unos pocos disidentes de UGT contrarios a la Huelga. La pretensión, según un participante en las reuniones, era sustituir a la Comisión Ejecutiva Confederal y, en particular, a su secretario general, con la finalidad de desconvocar la Huelga. Los instrumentos a utilizar deberían ser, de entrada, las Federaciones de Industria del Metal y de la Química.
- Se califica a UGT como mera comparsa, a veces del PCE y de Izquierda Unida y otras de Alianza Popular, el partido de Fraga Iribarne.
- Se acusa a UGT de sumarse a la campaña de acoso al Gobierno diseñada por el PCE y CCOO.
- El partido socialista manifiesta que ni uno solo de sus militantes secundará una huelga tan irresponsable.
No me resisto, por lo que tiene de lamentable, a copiar el comentario del Diario 16 del día 26 de noviembre sobre el PSOE y Butragueño. El nerviosismo rayando en la histeria que parece haber embargado a la cúpula socialista ante el anuncio cada vez más inminente de la huelga general lleva a Txiqui Benegas, primero, y a Javier Solana después, a embestir gratuitamente contra los futbolistas Butragueño y Michel.
“La andanada socialista ha sido un compendio de demagogia en estado puro: Benegas quería saber si estos jugadores que cobran más de cien millones de pesetas al año también están en contra del Plan de Empleo Juvenil que pretende la redención de los jóvenes marginados por el desempleo. Solana, por su parte, ha coaccionado manifiestamente a los dos deportistas al preguntarles si ambos estarían dispuestos a encabezar una manifestación contra el delito social”.
“Sea como fuere, esta obsesión del PSOE por politizarlo todo es otra prueba más de la distancia que día a día se va abriendo entre la sociedad civil y quienes dirigen el Estado”.
Sin embargo, numerosos militantes socialistas están de acuerdo con las posiciones de la UGT y lo mismo ocurre entre los votantes del PSOE. Por su parte, Izquierda Socialista, corriente de izquierdas del PSOE, hace un llamamiento a desdramatizar la situación, apoya el paro general y se niega a hacer campaña a favor del Plan de Empleo Juvenil. También el Partido de Acción Socialista –PASOC-, componente socialista de Izquierda Unida, muestra públicamente su apoyo a la posición de UGT y de las otras centrales sindicales, recordando las señas de identidad del socialismo democrático y su vulneración por las decisiones y la filosofía del Gobierno de Felipe González.
Izquierda Unida en su conjunto apoyó las razones de los sindicatos, tanto ante la sociedad como en el Congreso de los Diputados. Por decirlo todo, también hay que consignar que no faltaron dirigentes de uniones regionales y sindicatos de UGT que expresaron su adhesión al Gobierno en contra de las decisiones tomadas por los órganos de dirección del sindicato.
En el plano internacional, el Secretario General de la CIOSL llama la atención a Felipe González para que imponga la calma en el Gobierno y en el Partido de cara a la huelga del 14-D, que pare la escalada de dramatismo verbal contra los sindicatos. “Yo les pediría un poco de racionalidad, que detengan los intentos de politizar una huelga que es puramente sindical”. El Comité Ejecutivo de la CIOSL, celebrado en Madrid, inició su reunión del 13 de diciembre de 1988, aprobando por unanimidad su apoyo a la huelga y a las acciones de sus afiliados en España, UGT y ELA-STV.
El Secretario General adjunto Enzo Friso manifestó su impresión de que:
“El Gobierno no ha hecho intentos serios para negociar con los sindicatos y se ha limitado a plantear un ‘lo tomas o lo dejas’ para añadir que esto es un problema familiar, lo que no es verdad; da la impresión de que no hay madurez política. La huelga es un hecho normal y democrático al margen de quien esté en el Gobierno”.
En coherencia con ello, la Comisión Ejecutiva de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en una resolución de urgencia pidió el apoyo al paro del 14-D cuyas reivindicaciones eran muy semejantes al resto del movimiento sindical europeo. Todas las instancias sindicales internacionales conformadoras de la sociedad democrática rechazan asombradas y sin dudarlo la supuesta inspiración comunista del Paro General.
Meses antes, en el XIV Congreso de la CIOSL, celebrado en Australia del 14 al 18 de marzo de 1988, la delegación de UGT en dicho Congreso pidió, en homenaje a la celebración del Centenario del Sindicato, que la próxima reunión de la CIOSL se celebrara en Madrid fijando las fechas de tal reunión para los días 13, 14 y 15 de diciembre de 1988. Por lo tanto, lo que en principio iba a ser una fecha fundamentalmente dedicada a celebrar el Centenario de la UGT, se transformó paradójicamente en la Huelga o Paro General más importante de nuestro país, de la que fue testigo la Comisión Ejecutiva de la CIOSL- compuesta por experimentados sindicalistas-, sorprendidos por la amplia respuesta que tuvo la convocatoria de la huelga.
Ante el Paro del 14-D se nombró un Comité de Huelga con un plan minuciosamente elaborado por ambas centrales sindicales, tendente a organizar y seguir la huelga minuto a minuto. Sabiendo que Madrid era fundamental a la hora de evaluar el éxito o el fracaso de la convocatoria, dividieron Madrid en 20 zonas, con 20 piquetes informativos compuestos cada uno de ellos por 400 sindicalistas; eran 8.000 sindicalistas los que conformaban pacíficamente los piquetes informativos.
Igualmente, minutos antes de las 00,00 horas del día 14, 80.000 miembros de las centrales sindicales formaron los piquetes informativos en toda España. Y un pequeño grupo de sindicalistas, entre los que estaba el miembro de la Comisión Ejecutiva de UGT, Apolinar Rodríguez, se desplazaron al centro de emisión de Navacerrada para asistir al momento en el que algunos trabajadores de TVE suspendieron las emisiones y colocaron las pantallas en negro a medianoche.
Las previsiones de los sindicatos respecto al Paro se iban cumpliendo, el Paro se iba generalizando en todos los sectores de producción. Las sedes de los dos sindicatos se convirtieron en centros informativos y de coordinación donde se evaluaban minuto a minuto las incidencias del Paro.
El seguimiento de la convocatoria de la huelga certificaba el paro de los sectores de producción del país, según reconocieron Gobierno y patronales, estimándolo en más de 8 millones de huelguistas.
La huelga fue un éxito en toda España con masivas manifestaciones en los días siguientes en Barcelona, Sevilla, Valencia, etc. España se vio prácticamente incomunicada, se paralizó de forma pacífica por la mayor Huelga General de toda su historia; además, el eco internacional del éxito de la huelga y su carácter pacífico alcanzó la máxima dimensión.
El 14 de abril de 1989, tras varias semanas de negociación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales convocantes del 14-D, en un pacto entre el PSOE y Coalición Popular, a propuesta del portavoz de este grupo, Miguel Herrero de Miñón, el Congreso aprobó un incremento de 198 mil millones de pesetas destinados a gastos sociales y a retirar lo que fue la espoleta del 14-D, el Plan de Empleo Juvenil; los sindicatos, aun estimando positivas estas medidas las calificaron de insuficientes, reclamando el necesario giro social.
El éxito del 14-D y los resultados de las elecciones legislativas en octubre de 1989- en las que IU pasó de 6 a 17 diputados, lo que bajo mi punto de vista-, propiciaron la iniciativa de Carlos Solchaga, Ministro de Hacienda, de pedirme una reunión– después de varios contactos, el último en el domicilio de José Mª Zufiaur-, donde se me propuso, con la autorización del Presidente del Gobierno, unas negociaciones Gobierno-Sindicatos (UGT-CCOO) que, finalmente, dieron lugar a la iniciativa de UGT- de acuerdo con CCOO- de plasmar nuestras reivindicaciones en lo que se dio en llamar la Propuesta Sindical Prioritaria (PSP).
La PSP, plataforma elaborada por UGT y CCOO, fue un verdadero programa progresista que, como decía en su introducción, suponía la continuidad de las reivindicaciones y del giro social demandado y respaldado masivamente el 14-D. Cuando se acusa a UGT y a CCOO de no haber sido capaces de administrar bien la huelga del 14-D, debo manifestar que se consiguió, aunque algo más tarde, con el Pacto Sindicatos-Gobierno, un alto porcentaje de las reivindicaciones planteadas en aquella jornada:
- Pago de la deuda social.
- Ley de Pensiones no contributivas.
- Derecho de negociación en el ámbito de la función pública y la cláusula de garantía para sus retribuciones.
- Derecho de información en materia de contratación laboral.
- Cláusula de garantía para los pensionistas, aunque su materialización se terminó realizando por un gobierno del PP. Materialización derogada por un Gobierno del mismo signo.
- El mayor aumento de pensiones de toda la década.
- La renta Mínima de Inserción, que recibe distintos nombres, como el de Salario Social, en las Comunidades Autónomas.
- Aumento de la ayuda familiar de las rentas más bajas.
Sin duda, los logros sociales fueron muy estimables, pero la corrección de los errores no era cuestión de un día y sin duda los estragos fueron profundos en el campo de los valores culturales y morales de la Izquierda y del Socialismo Democrático; algunos de esos daños fueron irreversibles como podemos constatar 30 años después.
Ya entonces, dirigentes sindicales, economistas, sociólogos e intelectuales de izquierda en el marco del Instituto Sindical de Estudios (ISE), cuyo director era José Mª Zufiaur, pusieron de manifiesto consideraciones esclarecedoras de los problemas que llevaron al Paro General y con ello deshicieron posibles equívocos y tergiversaciones. En primer lugar, no se puede confundir la huelga general revolucionaria con el Paro de un día, como intentó el Gobierno del PSOE en un ejercicio de cinismo.
La política económica de un Gobierno no puede considerarse un dogma incuestionable, y por ello los críticos no son un enemigo a destruir, sino interlocutores con los que hay que negociar. Es imprescindible el sindicalismo autónomo frente al controlado por el Gobierno, para entendernos, el tipo de sindicalismo europeo frente al peronismo o al mexicano de aquella época.
Desde una óptica “neoliberal” y también “social-liberal”, los sindicatos se consideran un elemento distorsionador de la divinidad de nuestro tiempo, “el mercado”; un mercado que, por otra parte, es manipulado por el capital financiero y los especuladores, como hemos comprobado fehacientemente en las crisis globales de estos últimos años. El Gobierno de turno quiere identificarse con el Estado y así considera que quien pone en riesgo al Gobierno, pone en riesgo al Estado y sus instituciones. Esto no tiene nada que ver con la democracia.
No es admisible la postura de los gobiernos que niegan siempre el motivo para ir a la huelga: Cuando hay que apretarse el cinturón para salir de la crisis se critica la convocatoria de movilizaciones y cuando mejora la situación económica y los sindicatos reivindican un reparto de una parte de los beneficios que se generan, se alega que las políticas redistributivas -a través de los salarios y las prestaciones sociales- amenazan con disparar la inflación e interrumpir el ciclo de crecimiento económico.
Como ha recordado recientemente Antón Saracíbar, entonces Secretario de Organización de UGT y eficaz coordinador del Paro del 14-D:
“El pensamiento socialdemócrata era el defendido por el conjunto del movimiento sindical -particularmente por UGT- y se convirtió en el soporte de sus reivindicaciones, lo que chocaba con el planteamiento del Gobierno que defendía una política cercana a los postulados neoliberales”.
Prosigue Saracíbar:
“Como consecuencia de ello, la UGT encabezó la contestación obrera junto a CCOO y otros sindicatos minoritarios, cuyo máximo exponente fue la Huelga General del 14 de diciembre de 1988, que constituye la huelga de mayor seguimiento en la historia de nuestro país, donde se reivindicó una política de solidaridad basada en el reparto de una parte de los beneficios que se estaban generando por un mayor crecimiento de la economía (“giro social”) en compensación de la “deuda social” contraída con los trabajadores desde años atrás”.
“El enfrentamiento tuvo continuidad en las huelgas del 92 y 94 y respondió, por lo tanto, a las diferencias profundas en política económica y social –entre UGT y el Gobierno-, y no a las diferencias entre Nicolás Redondo y Felipe González, como se ha publicado de manera absurda, interesada y simplista”.
“Todo ello se llevó a cabo desde la autonomía del sindicato y defendiendo en todo momento la unidad de acción con CCOO y, cuando fue posible, con otros sindicatos”.
He preferido que estas últimas valoraciones no sean mías, aunque las comparto plenamente, para huir de la subjetividad como he prometido al principio de estas páginas.
Sólo me resta declarar que hoy día, como entonces, me siento reconfortado por haber defendido los derechos y los intereses de los trabajadores, siempre dentro de los esquemas socialdemócratas, si se prefiere del reformismo democrático y radical, en la buena compañía de sindicalistas y socialistas que no habían renunciado a sus raíces y a su identidad, y a los que estoy muy agradecido, especialmente a los compañeros y compañeras de la Comisión Ejecutiva Confederal, uno por uno, y también a los del Comité Confederal que aprobaron siempre por más del 90% los acuerdos y resoluciones, así como al conjunto del sindicato de UGT. Ellos colaboraron de manera decisiva a mantener la fortaleza y la confianza en las razones de UGT. También me reconforta haber conseguido la unidad de acción sindical con CCOO y otros sindicatos minoritarios, siempre con lealtad y desde la inspiración socialista que ha sido, y es, una constante en mi trayectoria vital.
En los momentos actuales, y ante la caótica situación que vive actualmente la sociedad globalizada y la sumisión de los poderes políticos a los económicos, el reto al que se enfrenta la izquierda en Europa y, especialmente los partidos socialistas, es tener ideas claras y precisas sobre sus objetivos irrenunciables, y así poder aspirar a que los tengan sus afiliados, sus simpatizantes y sus electores. Ideas claras y precisas en los campos político, social, institucional y territorial si no queremos convertir el socialismo en España y en Europa en un compromiso irrelevante. No olvidemos que las reivindicaciones, que en el pasado parecían utópicas, hoy forman parte de nuestra realidad social, haciendo bueno aquello de que la utopía no deja de ser una verdad prematura.
Miramos hacia el pasado, hacia lo ocurrido en la sociedad española hace 30 años, pero hemos de mirar sobre todo al presente y al futuro. Nuestra historia- la UGT está celebrando su 130 aniversario- nos enseña que en democracia nos debatimos permanentemente entre avanzar o retroceder, que es una tarea infinita en la que si no se progresa se retrocede y… en ello estamos.
