Magdalena Valerio, Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
“La huelga general paralizó ayer España”. Con este titular abría el diario El País su portada el día después del 14-D; el día en que casi 8 millones de ciudadanos secundaron la huelga convocada por los dos sindicatos mayoritarios contra una reforma laboral que las organizaciones sindicales consideraban destinada a precarizar las condiciones de trabajo. La huelga general de 1988 ha sido calificada de modo unánime como el mayor éxito del movimiento sindical en nuestra democracia, al lograr que casi el 90% de la población activa respaldara el paro. Aunque el principal argumento para convocar la huelga fue el proyecto de Plan de Empleo Juvenil, que introducía precariedad en la contratación de los jóvenes, convergían con el anterior otros factores, como las condiciones de trabajo y negociación colectiva de los funcionarios y empleados públicos o las reformas de las pensiones, que denotaban la separación entre el Gobierno y los sindicatos convocantes.
A pesar de los iniciales temores del Gobierno, lo cierto es que la huelga general de aquel 14 de diciembre de 1988 fue un ejemplo de civismo, desarrollándose de forma mayoritariamente pacífica, lo que demostró cómo nuestro movimiento sindical alcanzaba la madurez en democracia. Constituye, sin duda, el principal logro del sindicalismo español, que logró aunar un seguimiento masivo de los paros, sintiéndose generalizadamente identificados los ciudadanos y ciudadanas con las organizaciones sindicales en tanto portadores del interés colectivo de la clase trabajadora y defensores de los intereses que les son propios. Así, con esta huelga general, se reforzó de manera evidente el papel de los agentes sociales y del diálogo social en la regulación de nuestro mercado de trabajo, que acompañó a su reconocimiento constitucional la fuerza de su capacidad de movilización. La huelga general del 14-D logró además que el Gobierno recogiera las demandas de los trabajadores, mediante la retirada de los proyectos en materia de empleo y el refuerzo del gasto social en la política económica y posicionó a las organizaciones sindicales como interlocutores en materia laboral.
Saltando desde entonces a la coyuntura actual, obvio es recordar que en los últimos años hemos asistido a una importante precarización de las condiciones laborales, consecuencia de la agresiva reforma laboral de 2012. Las organizaciones sindicales tampoco han sido ajenas a esta degradación de las condiciones de trabajo, convocando desde entonces dos huelgas generales contra la reforma laboral aprobada por el anterior Gobierno y sus políticas de ajuste centradas en la clase trabajadora. La fórmula seguida por el anterior Gobierno para salir de la mayor crisis económica de la historia de España no fue otra que la generalizada devaluación de las condiciones de trabajo, sin que las mismas se hayan recuperado con la senda de crecimiento económico. Estos años, en efecto, han generado en España la figura del trabajador pobre, como consecuencia de la nula o baja, en el mejor de los casos, participación de los salarios en la recuperación económica e incremento del PIB, que suma, a los perniciosos efectos de altas tasas de desempleo, la intolerable realidad de que el trabajo tampoco asegure en todo caso un nivel de vida digno. Junto a ello, el anterior Gobierno procedió a romper el equilibrio en la negociación laboral, silenciando igualmente el diálogo con los interlocutores sociales e identificando una marcada regulación unilateral sin intervención ni de organizaciones sindicales y empresariales ni de otros grupos parlamentarios. Con todo, los sindicatos han mantenido intacto su papel de representación de los intereses de los trabajadores, manifestándose muy activos y críticos contra la reforma laboral y oponiéndose a través de los instrumentos previstos en nuestro ordenamiento a la implantación de medidas que han supuesto un grave deterioro de las condiciones de trabajo en España y un sensible incremento de la desigualdad. Sin embargo, el anterior Gobierno hizo oídos sordos a las demandas de las organizaciones sociales y desactivó el diálogo social como mesa de comunicación con los interlocutores sociales.
El actual Gobierno ha hecho público su compromiso con la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral y con la recuperación del diálogo social como motor y método de adopción de las iniciativas normativas en materia laboral. Esta colaboración entre el Gobierno y los agentes sociales es la garantía de que el Gobierno no va a operar a espaldas de los interlocutores sociales, sino que la implantación de medidas laborales va a ir precedida de la discusión con sindicatos y empresarios en el seno del diálogo social. En este sentido, cuantas medidas se quieran emprender que afecten a los trabajadores y trabajadoras no se va a realizar al margen de sus representantes en el ámbito correspondiente. Este clima de diálogo entre interlocutores sociales y Gobierno es obligado y deseable en el ámbito laboral, haciendo que las demandas de los representantes de los trabajadores se canalicen en mesas de diálogo donde cabe consensuar y hallar puntos de encuentro y acercamiento, en lugar de la imposición que ha motivado el recurso a la huelga como ultima ratio en este ámbito.
