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Huelga del 14-D: Una huelga mayúscula e irrepetible*

Antón Saracibar, Secretario de Organización de UGT en diciembre de 1988

Preámbulo 

Al terminar las campanadas de las 24 horas del día 13 de diciembre de 1988, un joven de 17 años, que estaba viendo la TVE pública, le dijo a su padre- después el apagón televisivo que se había producido-, que se había averiado la televisión. El padre le contestó que la TVE no estaba averiada. Le explicó a continuación, de la mejor manera que supo, y no sin dificultades, que simplemente había comenzado la Huelga General. Los dos; padre e hijo, estaban asistiendo por primera vez a una Huelga General convocada legalmente por los sindicatos en un contexto democrático y después de más de 50 años del levantamiento militar franquista.

Efectivamente, había comenzado la Huelga del 14 de Diciembre (14-D) convocada por los sindicatos bajo el eslogan: “Juntos podemos”. Al que, entre otros, acompañó: “Nosotros hemos cumplido. Ellos no”. Se trataba, con toda certeza, de la Huelga de mayor participación e impacto entre los trabajadores y la opinión pública de las llevadas a cabo por el movimiento obrero organizado en España y, además, sin ningún tipo de incidentes reseñables.

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La Huelga del 14-D fue una huelga singular, mayúscula e irrepetible. No estamos hablando por lo tanto de una huelga más de las muchas celebradas por el movimiento obrero en nuestro país. En cualquier caso, fue muy distinta; tuvo algo de mágico y especial, destacando sobre todo la unanimidad con que la ciudadanía secundó las reivindicaciones de los sindicatos, lo que conmocionó al gobierno y creó estupor y sorpresa en la opinión pública española e, incluso, europea e internacional. Se trataba, además, de la primera huelga general exitosa en democracia después de la dictadura franquista y de la primera Huelga General convocada por los sindicatos, y particularmente por UGT, contra el partido socialista (PSOE) en el poder. Lo más llamativo y reseñable es que, además, la Huelga coincidió con la celebración del Centenario de la constitución de UGT cuyos actos centrales se llevaron a cabo, en torno al 1º de Mayo de ese mismo año, en la Casa de Campo de Madrid. El acto contó además con una amplia representación del PSOE y del gobierno, lo que induce a pensar que el Plan de Empleo Juvenil (PEJ), presentado en el mes de octubre por el gobierno, fue el que finalmente desencadenó y precipitó la Huelga.

El paro fue secundado masivamente por los trabajadores en los centros de trabajo; el comercio y los servicios cerraron en su gran mayoría. El transporte, especialmente, y de manera destacada, también secundó la huelga (autobuses urbanos, Metro, Renfe e Iberia). Incluso, el paro se llevó a cabo en los cines, teatros, medios audiovisuales (TVE), radio y prensa escrita y contó, expresamente, con el apoyo de la Unión de Actores y de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). En esta ocasión, ni siquiera se habló de la “guerra de cifras” al aceptar el gobierno y los empresarios el éxito sin paliativos de la huelga (calles vacías y comercios cerrados). Además, por la tarde, se manifestaron en las principales ciudades decenas de miles de trabajadores y dos días después (16-D), en Madrid, según los sindicatos, en torno a 600.000 personas se movilizaron en manifestación hasta la Puerta del Sol, reforzando con ello la protesta y poniendo nuevamente en valor las justas reivindicaciones de los sindicatos.

Por todo ello, se puede manifestar que los trabajadores y la gran mayoría de los ciudadanos secundaron la Huelga, como no se recordaba en España, a pesar de las sucesivas campañas del gobierno para evitarla: desprestigiando a los sindicatos; descalificando sus reivindicaciones; estableciendo servicios mínimos abusivos; y pretendiendo desestabilizar, en concreto, a UGT, a pesar de que los 11 miembros de su Comisión Ejecutiva Confederal (CEC) eran afiliados del PSOE. Incluso, se llegó a constituir un gabinete de crisis en La Moncloa para estudiar como oponerse a la participación de UGT en la Huelga General, lo que pasaría por desacreditar a su propia CEC y, en particular, a Nicolás Redondo, su secretario general.

Cinco grandes decisiones explican el éxito de la huelga: la convocatoria de la misma en el momento más oportuno; su extraordinaria organización; la unidad de acción entre los dos grandes sindicatos (UGT y CCOO); el ejercicio de la autonomía sindical en relación con los partidos políticos, empresarios y gobierno; y, finalmente, la defensa de una serie de reivindicaciones que se ajustaban a la creciente demanda social de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía.

Como es lógico, la Huelga estuvo precedida por una minuciosa organización y coordinada por los comités de huelga de UGT y CCOO, en contacto permanente con sus organizaciones territoriales y sectoriales. Las reuniones fueron particularmente intensas con las secciones sindicales de las grandes empresas del sector del transporte público, a sabiendas de su potencial repercusión en el resto de los sectores de producción y servicios, dadas las dificultades que añadían al desplazamiento de los trabajadores a sus centros de trabajo en un día de grandes movilizaciones. La organización de la Huelga culminó con la celebración masiva de asambleas en las fábricas y en los centros de trabajo, que afectaron a más de 2.200.000 trabajadores conjurados en apoyar sin fisuras al que se llamó de entrada “Paro General” para evitar connotaciones negativas con el concepto de Huelga General revolucionaria que, previsiblemente, sería utilizado en contra de los sindicatos convocantes, como así ocurrió.

En este sentido, es justo recordar que UGT tuvo un protagonismo redoblado en el proceso de preparación de la Huelga por el dramatismo inducido desde el gobierno socialista ante la ruptura del concepto de familia socialista. Incluso, para muchos, sin los desencuentros entre UGT y el PSOE no hubiera sido posible explicar el enorme seguimiento de la Huelga del 14-D. Esta interpretación de lo ocurrido incluye la épica en torno a UGT (con lo que esto significa) en su lucha por su autonomía sindical y su propia dignidad en relación con el PSOE en el gobierno.

Autonomía y unidad de acción sindical

Para que esto ocurriera, UGT, principalmente, tuvo que reafirmar su autonomía sindical, cosa que no fue nada fácil dado el peso de la histórica relación entre el PSOE y UGT- particularmente en la etapa de la clandestinidad, donde las dos organizaciones eran prácticamente lo mismo-, como ocurría entre CCOO y el PCE en la lucha por la recuperación de la libertad y de la democracia.

En estos momentos, nadie duda de que la autonomía sindical sea imprescindible y beneficiosa para todos; sin embargo, en aquel entonces, la situación no estaba nada clara. José María Benegas, secretario de organización del PSOE, en declaraciones a Diario-16, calificaba la Huelga de “incomprensible, irracional, conservadora, reaccionaria, irresponsable, e insolidaria”, mostrándose muy poco comprensivo con la autonomía de UGT. Posteriormente, Alfonso Guerra, en sus memorias, no asume como positiva la doble autonomía sindical y política: “El camino del partido y del sindicato se bifurcaba inevitablemente; a partir de aquella Huelga las organizaciones se sintieron independientes, ya ninguna de ellas consultaría a la otra antes de tomar decisiones estratégicas. No podía hablarse de divorcio, pero sí de una separación amistosa”. Alfonso Guerra, lamentablemente, olvidaba la fuerte contradicción de estas últimas palabras con la constitución del mencionado gabinete de crisis en La Moncloa- compuesto por miembros del gobierno, dirigentes del PSOE y unos pocos disidentes de UGT-, con el único objetivo de desestabilizar a la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT y evitar el éxito de la Huelga.

Continuaba diciendo que tengo para mí que esa estrategia de separación no ha sido buena ni para el sindicato ni para el partido: “Ha obligado al partido a relacionarse con la misma intensidad con los otros sindicatos y a UGT a no hacer distinciones entre los partidos. En definitiva, indefinición política e ideológica, pérdida de referentes para todos y debilitamiento del proyecto progresista compartido por socialistas y ugetistas. Claro que esto se compensaba con la exaltación de la autonomía de cada organización: es una satisfacción de los propios que sirve para autoafirmarse, pero que aleja el proyecto común de sociedad avanzada en la que los derechos políticos se abracen con los derechos sociales y económicos” (citado por A. García Santesmases en “Historia, Presente y Futuro. Nicolás Redondo (1927-2007)”. Editado por la Fundación Francisco Largo Caballero).

Además de reafirmar su autonomía, los sindicatos tuvieron que asumir, sin pretenderlo, un gran protagonismo social en esta etapa- ante la ausencia de una verdadera oposición política-, puesto que la derecha estaba en crisis e IU estaba sumido en un profundo debate interno en relación con su futuro. Esto sólo fue posible desde la unidad de acción sindical entre UGT y CCOO, prácticamente inexistente desde el comienzo de la transición sindical y política. En este sentido, debemos recordar la pugna llevada a cabo por ambos sindicatos por ocupar el mayor espacio político, aumentar la presencia e implantación en las fábricas, así como por incrementar la afiliación sindical y mejorar los resultados en las elecciones sindicales, que se celebraban periódicamente.  Anteriormente, y en plena dictadura franquista, la unidad de acción por la recuperación de las libertades se vio empañada por el fuerte rechazo de UGT al llamado “entrismo” en el sindicato vertical propiciado por CCOO y USO y apoyado decididamente por el PC. Al margen de la fuerte ideologización de UGT y CCOO en aquella etapa que, desde luego, dificultaba considerablemente la unidad de acción.

En todo caso, la unidad de acción sindical entre los dos sindicatos se vio favorecida y se hizo posible por los cambios llevados a cabo en el congreso de CCOO- Antonio Gutiérrez sustituyó a Marcelino Camacho como secretario general entre otras medidas- y por las diferencias que se venían suscitando entre UGT y el gobierno en cuanto a la aplicación de las 40 horas y treinta días de vacaciones, la reconversión industrial, el cumplimiento del AES y, posteriormente, en relación con el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado del año 1988, donde no se recogieron las reivindicaciones de UGT, lo que dio pie a la dimisión del parlamento de Nicolás Redondo y de su secretario de organización Antón Saracíbar y, como consecuencia, de Cándido Méndez, Emilio Castro, Suso Mosquera y otros a diversos niveles. Todo ello facilitó, en buena medida, la unidad de acción entre UGT y CCOO. En todo caso, la huelga confirmó que la unidad de acción entre los sindicatos mayoritarios resultaba imprescindible para garantizar el éxito de una convocatoria de tanta envergadura como era una huelga general.

Los motivos de la Huelga

Si bien el desencadenante de la Huelga tuvo una relación directa con el PEJ del gobierno de Felipe González y de su conocida filosofía: “Preferimos un trabajador joven contratado temporalmente que un trabajador joven parado” y, en menor medida, con los acuerdos previos del gobierno con la CSIF (retribuciones de los funcionarios) y con la UDP (incremento de las pensiones), firmados al margen de los sindicatos más representativos. Los motivos de la huelga tuvieron mucho más que ver con un hecho real y constatable: los sindicatos se sintieron incomprendidos al no ser correspondido por el gobierno el esfuerzo de corresponsabilidad realizado por los trabajadores y por los propios sindicatos, en un contexto económico particularmente difícil.

Debemos recordar que UGT aceptó en los primeros años de la década de los 80, con lealtad, un duro ajuste industrial y de salarios justificado por la crítica situación de la economía española, esperando recuperar más tarde una parte de los beneficios que se generarían por un mayor crecimiento de la economía.

Sin embargo, eso no ocurrió y además se comprobó que en el gobierno predominaba un enfoque neoliberal que mantenía una permanente demanda de contención salarial y planteaba duras propuestas que chocaban con las reivindicaciones sindicales: los incumplimientos del AES; los continuos llamamientos a la moderación salarial; el abuso de la contratación temporal, sin causa que lo justifique; el desplome de la protección por desempleo; así como la reforma de la seguridad social en el año 1985, encaminada a recortar las pensiones futuras; y, finalmente, el referéndum de la OTAN, en 1986, son seis motivos de grave confrontación que anteceden a la Huelga.

Además de las medidas impopulares, lo que preocupaba a los responsables de los sindicatos era el tono con el que eran tratados los sindicatos en las altas esferas del gobierno: la visión creciente de los sindicatos como organizaciones opuestas al progreso social; como grupos de presión en defensa de intereses corporativos a los que había que limitar su capacidad de acción. Se postuló, en definitiva, una “socialdemocracia sin sindicatos”…, como si eso fuera posible.

Todo ello unido a un discurso sobre el fin de la clase trabajadora en un mundo post- industrial, defendiendo que las clases medias profesionales abandonaran la alianza con la clase obrera. Ésta pasó de ser vanguardia de la transformación social a un grupo social en declive, retardatario y conservador al que había que frenar en su creciente influencia en la sociedad.

Los sindicatos se preguntaban por qué ahora, cuando vivimos en una situación más favorable resulta tan difícil llegar a un acuerdo. Por qué para el gobierno y los empresarios es fácil negociar cuando se trata de repartir los costos de la crisis, pero no lo es tanto cuando se trata de negociar cómo repartir los beneficios. En una etapa de crecimiento económico, en la que es posible el reparto de los beneficios, es cuando el gobierno y los empresarios, desde diferentes interpretaciones, mantienen importantes resistencias ante la creciente demanda social que exigía la creación de más puestos de trabajo, aumentar los salarios, recuperar la seguridad en el empleo, aumentar los niveles de protección social y mejorar las condiciones de trabajo. En este sentido, Nicolás Redondo recordaba y reiteraba con mucha frecuencia que: “Este pueblo ha sembrado y tiene derecho a recoger lo sembrado”.

Indudablemente, la situación había mejorado. En España, en esa etapa, se vivían momentos de recuperación y relanzamiento económico, que había sido posible, fundamentalmente, gracias al esfuerzo de los trabajadores. Las empresas obtenían importantes beneficios y los sectores de industria que habían pasado por procesos de reconversión se encontraban saneados y en proceso de desarrollo. Concretamente, según el Informe Anual del Banco de España, en el año 1.988 (año de la Huelga General), la economía creció el 5,8% del Producto Interior Bruto (PIB). El ministro Carlos Solchaga fue mucho más explícito ante la situación económica: “España es el país donde más dinero se gana y de la forma más rápida del mundo”.

Sin embargo, y esto es lo que resultaba chocante, se continuaba exigiendo la reducción de salarios y se achacaba a los mismos todos los males de nuestra economía, particularmente el aumento de la inflación. Se insistía en precarizar el empleo y flexibilizar el mercado de trabajo: la última medida laboral para los jóvenes era una muestra más de esta afirmación, el PEJ. Se incumplían los compromisos firmados en el Acuerdo Económico y Social, que contemplaban, entre otros puntos, elevar la cobertura del desempleo al 48 por ciento para los trabajadores en paro. Y, además, se seguían negando los derechos básicos de los funcionarios como es el derecho fundamental a la negociación colectiva.

Además de todo ello, y a pesar de haber alcanzado las empresas una situación económica favorable, los empresarios seguían reclamando nuevas ayudas: más financiación, más bonificaciones fiscales y la reducción de las cuotas de la seguridad social para comprometerse a crear empleo. Por su parte, el gobierno continuaba supeditando, como denunciaban los sindicatos, su política social a la política económica.

Esto justificó, sobre todo, que el conjunto del movimiento sindical encabezara la contestación obrera donde se reivindicó principalmente el reparto de una parte de los beneficios que se estaban generando en esos momentos por un mayor crecimiento de la economía- la exigencia del “giro social”-, como compensación de la “deuda social” contraída con los trabajadores desde años atrás. La contestación sindical alcanzó incluso el ámbito internacional y contó con el apoyo expreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL).

La parte positiva del enfrentamiento fue que los sindicatos se hicieron mayores de edad; rearmaron a sus cuadros en la defensa de sus siglas; reafirmaron su autonomía; y consiguieron con su actuación fortalecer, más si cabe, el carácter constitucional de los sindicatos en defensa de los trabajadores en una sociedad democrática. Los sindicatos hicieron músculo, fundamentalmente a través de sus afiliados en los centros de trabajo, y ello les hizo más fuertes y seguros de sí mismos. Demostraron también que la lógica política no tiene nada que ver con la lógica sindical y que el papel de los sindicatos y de los partidos políticos es distinto en un país democrático, sobre todo cuando los partidos son interclasistas como ocurre en la actualidad. El PSOE, en concreto, en su 27º congreso extraordinario, celebrado en el año 1979, tomó también esa decisión y, por lo tanto, desde esa fecha es un partido claramente interclasista, con lo que eso significaba en su relación con los sindicatos.

La consecuencia más negativa de todo ello fue el enfrentamiento con el gobierno socialista, y en concreto con su política económica, en coherencia con la defensa que hicieron los sindicatos de una política de solidaridad y por lo tanto de los trabajadores más débiles: Jóvenes sin empleo; pensionistas; trabajadores con un contrato en precario; dependientes del SMI o con salarios bajos; y los parados sin prestación por desempleo.

Se equivocaban, pues, quienes manifestaron que la única razón de la huelga se debía a razones de enemistad personal entre Nicolás Redondo y Felipe González o a las ansias de poder de UGT dentro de la llamada “familia socialista”. Precisamente, y en este sentido, debemos recordar que fue precisamente Nicolás Redondo el que apostó por Felipe González, en el congreso del partido socialista celebrado en Suresnes, en 1974, cerca de París, como secretario general del PSOE. A pesar de lo ocurrido, y de los errores cometidos por el gobierno, el PSOE nunca llegó a hacer la necesaria autocrítica de su comportamiento, en relación con la Huelga del 14-D y, en particular, con el enfrentamiento con CCOO y UGT (y los demás sindicatos), ante su decisión de convocar la Huelga General. Tampoco el PSOE reflexionó sobre su responsabilidad directa en la Huelga del 14-D y mucho menos analizó hasta qué punto el gobierno socialista provocó dicha Huelga ante su manifiesto alejamiento de su ideario y de las capas sociales que decía representar. No comprendieron hasta qué punto la desafección de los trabajadores, sindicatos, izquierda sociológica, electorado y, finalmente, de muchos de sus afiliados, era la consecuencia de aplicar políticas sociales de corte liberal por un gobierno que se calificaba de izquierdas.

Reivindicaciones de la huelga

Debemos dar por hecho que el único objetivo de la política sindical seguida por UGT y CCOO, en la década de los 80, seguía siendo la defensa de los intereses de los trabajadores, que es lo único que justificaba su propia existencia y la de cualquier sindicato. Algunas de las referencias que se tuvieron en cuenta para llevar a cabo esa política son conocidas: la centralidad del trabajo en una sociedad democrática; el movimiento sindical europeo; las ideas socialdemócratas, que se intentaban aplicar con el mayor rigor posible; además de la historia centenaria y de sus enseñanzas, que seguían siendo, sobre todo, una referencia constante para UGT.

Evidentemente, la política socialdemócrata era interpretada de una manera muy diferente. Para los sindicatos la defensa de la misma se establecía en torno a los postulados de siempre:

  • La defensa de una política económica que tuviera como prioridad el pleno empleo. Un empleo de calidad y con derechos, y respetuoso con el medio ambiente. Una política que no podía estar exenta de sacrificios en torno al saneamiento, modernización de la economía y reconversión de sectores en crisis.
  • La apuesta por un sector público empresarial estratégico, como instrumento de una política socialdemócrata. Hoy, como se puede comprobar, está prácticamente desmantelado.
  • Una política de inversión pública adecuada, sobre todo como posible instrumento a utilizar en un contexto económico en recesión.
  • Una política fiscal progresista, basada en la imposición directa- no en la indirecta- y, desde luego, contraria a la reducción de impuestos, como se defiende actualmente en un marco de desarme fiscal generalizado.
  • Una protección social avanzada, que garantizara un sistema público de pensiones suficiente, la prestación económica de los desempleados y una cobertura suficiente para las personas dependientes.
  • La potenciación de los sindicatos como representantes de los trabajadores en la sociedad civil, fomentando su presencia, sobre todo, en el entramado relacionado con el Estado de Bienestar Social.
  • Una enseñanza y una sanidad pública, gratuita y de calidad contrastada, como ejemplo de servicio público para todos.
  • Finalmente, una política ambiental en lucha permanente contra el cambio climático y la defensa del medio ambiente.

Estos eran algunos de los instrumentos capaces de llevar a cabo una política redistributiva, que justificaba y sigue justificando una política socialdemócrata. Dejando bien claro que la redistribución de la riqueza siempre se puede llevar a cabo, incluso en un contexto de crisis económica. Depende de la voluntad política del gobierno de turno y no del crecimiento de la economía como defiende el pensamiento liberal conservador.

Precisamente, en coherencia con esta política y con la situación que se estaba viviendo, los sindicatos perfilaron una serie de reivindicaciones que tenían como referencia una política de solidaridad, que conectó fácilmente con los trabajadores, encaminada a defender a los trabajadores más desfavorecidosEstas reivindicaciones se plasmaron en el “Llamamiento Sindical a los Trabajadores”, que contemplaba de una manera muy precisa el rechazo al PEJ y a la política económica y social del gobierno y exigía recuperar la “deuda social” contraída con los trabajadores desde años atrás. Todo ello se concretó en los siguientes puntos:

Retirada del llamado contrato de inserción para jóvenes y puesta en marcha de un Plan General de Empleo que favorezca la creación de puestos de trabajo suficientes y su estabilidad, garantizando a los jóvenes formación, condiciones laborales dignas y cobertura social.

  • Recuperación de, al menos, dos puntos del poder de compra perdido en 1988, como consecuencia del error en la previsión de inflación, que afectaba negativamente a los que dependían de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y a los trabajadores sujetos a la negociación colectiva.
  • Incremento de la cobertura de los parados hasta el 48 por ciento, así como la puesta en marcha de un sistema de protección en el medio rural que equipare a los trabajadores del campo con los demás.
  • Equiparación de las pensiones mínimas al SMI y mejora del poder adquisitivo de todas las pensiones.
  • Reconocimiento del derecho pleno a la negociación colectiva de los funcionarios, así como aumentos reales de sus retribuciones.
  • Establecimiento de la cláusula de revisión para los colectivos cuyas rentas se fijan en los PGE.
  • Incrementos reales de salarios y establecimiento de un salario mínimo general de convenio aplicado a todos los trabajadores, sin discriminación por razón de sexo o edad.
  • Regulación por ley del destino de los beneficios empresariales que asegure su orientación hacia la creación de empleo.
  • Amparo a los trabajadores temporales: igualdad de salarios y derechos, control sindical de las contrataciones y consolidación y seguridad en el empleo.
  • Medidas de reparto del trabajo a través de la reducción de la jornada laboral y de la edad de jubilación, fomentando los contratos de relevo y la eliminación de las horas extraordinarias.

Éxito y logros de la huelga: La Propuesta Sindical Prioritaria

Sin embargo, la defensa y consecución de estas reivindicaciones no resultó nada fácil por la existencia de problemas muy severos, como se ha señalado anteriormente, que continuaron después de la huelga y se concretaron en una reacción muy negativa y hostil del gobierno socialista hacia la aceptación de las reivindicaciones de los sindicatos.

A pesar de la reacción del gobierno y de las críticas que se hicieron a los sindicatos por no saber gestionar el éxito de la huelga (“y ser incapaces de negociar de manera realista”), la mayoría de las reivindicaciones del 14-D, contempladas después en la Propuesta Sindical Prioritaria (PSP), presentada el mes de septiembre de 1989, fueron conseguidas un año después y se pueden considerar altamente positivas y muy bien valoradas, como pago de la “deuda social” contraída.

Además de retirar el PEJ se alcanzaron importantes reivindicaciones: que se aprobara la Ley de pensiones no contributivas; el derecho a la negociación en el ámbito de la función pública; la cláusula de revisión de la retribución de los funcionarios;  la cláusula de garantía para los pensionistas; el incremento de la ayuda familiar para las rentas más bajas; el salario social a través de las comunidades autónomas; además del derecho de información en materia de contratación laboral; y el mayor incremento de las pensiones de la década, entre otras medidas. A ello contribuyó no solamente el éxito de la huelga sino también la capacidad propositiva de UGT y CCOO plasmada en la mencionada PSP, donde se contemplaba, en cuatro grandes capítulos, las reivindicaciones más importantes de los sindicatos, incluidas las que justificaron la huelga.

La PSP representaba la continuidad y profundización de las reivindicaciones y del “giro social” demandado y respaldado masivamente el 14-D. Los sindicatos pretendían trabajar a favor de un cambio de la política económica, que debería tener como prioridad la creación de empleo; una mejor distribución de la riqueza y de los beneficios empresariales; una protección social avanzada, acorde con nuestro nivel de desarrollo; y una mayor democracia y participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas, que significaran avances en la aplicación del concepto de democracia industrial.

Sin embargo, y a pesar de los logros conseguidos, todo hay que decirlo, los sindicatos no consiguieron cambiar la política económica del gobierno, ni la extensión de los contratos temporales, que alcanzaron niveles desconocidos en el resto de los países europeos, ante el manifiesto y sistemático abuso de los empresarios. Lo que sí reconoció el gobierno- no sin dificultades- fue el rotundo éxito de la huelga y, sobre todo, la fuerte capacidad de los sindicatos para deslegitimar su política económica y social.

30 años después

Recordar lo ocurrido en la Huelga General del 14-D tiene sentido si contribuye al fortalecimiento de las luchas obreras, consolida la experiencia del movimiento sindical y significa un acicate para seguir desarrollando la acción sindical en base al diálogo social, la concertación y la negociación colectiva que, no lo olvidemos, requiere de una mínima relación de fuerzas anclada en la capacidad de movilización del movimiento obrero organizado.

Desde entonces, la situación en España ha mejorado mucho. Destacan los avances relacionados con las libertades; la consolidación de la democracia; el crecimiento económico; la plena integración en la UE; el control de la inflación; el avance en políticas sociales; y, por supuesto, en políticas de igualdad. Pero, sobre todo, cabe destacar en estos años el protagonismo de los sindicatos a través del diálogo social y de la negociación colectiva, reafirmando con ello el pleno reconocimiento constitucional de la representatividad de los sindicatos en defensa de los trabajadores- que hoy nadie discute-, como se viene poniendo de manifiesto en los últimos años. De la misma manera destaca una mayor presencia institucional de los sindicatos, particularmente en las instituciones relacionadas, sobre todo, con el empleo, la educación, la salud, la protección social y los servicios sociales.

Sin embargo, y a pesar de los avances que se han producido, los sindicatos siguen teniendo en la actualidad serios problemas y muchas dificultades para defender a los más desfavorecidos; agudizadas, sobre todo, por la grave crisis económica que hemos sufrido en los últimos 10 años y por las políticas de austeridad practicadas, al amparo de la crisis, en el conjunto de la UE.

Por eso, en las actuales circunstancias, los sindicatos deben seguir respondiendo a nuevos retos y tienen que asumir nuevos compromisos en la lucha contra el incremento del desempleo; la altísima precariedad; el aumento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social; el desmantelamiento y la privatización de algunos servicios básicos; la presencia creciente del capitalismo financiero en las empresas; el cambio climático; el fenómeno de las migraciones; el déficit en protección social; la pérdida de salarios en la renta nacional; el desarme fiscal; la baja participación de los jóvenes en los sindicatos o, si se quiere, el fenómeno de la globalización- el nuevo orden mundial, el pensamiento único-, que se ha convertido en una pesadilla para todos, salvo para unos pocos.

Efectivamente, los años finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI aparecen como testigos del fracaso del capitalismo realmente existente, que es precisamente el que gobierna el fenómeno de la globalización. En este escenario, muchos partidos de izquierda han desmoralizado a sus miembros al no haberlos defendido contra las políticas de sus enemigos o, lo que es peor, haberlas adoptado como propias (el ejemplo más significativo de todo ello fue “la tercera vía”); se han quedado sin impulso, sin ideas. A veces parece como si se hubieran quedado sin futuro aparente, como se puede comprobar actualmente en los partidos de la Internacional Socialista y, en particular, en el Partido Socialista Europeo.

El fenómeno de la globalización ha consolidado la plena libertad de los movimientos de capital cuyas transacciones bursátiles- la mayoría de naturaleza especulativa- son realizadas en tiempo real por la aplicación de los avances tecnológicos en los campos de la informática y de las comunicaciones. La economía financiera, con sus componentes fuertemente especulativos, ha dominado el mundo de los negocios sin que los gobiernos ni las instituciones internacionales hayan sabido ni querido establecer regulaciones efectivas, que evitaran los enormes riesgos de la desregulación de unos mercados financieros plenamente globalizados. Una economía en la que las grandes empresas basan su actividad en la generación de valor bursátil en un entorno de libertad absoluta de movimientos de capitales y en el que los paraísos fiscales no son combatidos ni siquiera en situaciones extremas.

A esta situación hay que añadir las exigencias de una competitividad sin límites, no suficientemente regulada, que se traduce en el deterioro de las condiciones de trabajo; la precariedad en la contratación; la pérdida del poder adquisitivo de los salarios; la deslocalización de actividades; y en un lamentable aumento de los riesgos laborales. Y todo ello se lleva a cabo a sabiendas de que esta competitividad sin límites es una carrera que no se gana. No hay una llegada en la carrera hacia el abismo porque no se puede competir en ningún caso con el trabajo de esclavos.

A ello ha contribuido, de acuerdo con Tony Judt, la obsesión por la riqueza, el culto a la privatización de los servicios públicos y la elevación del sector privado a nuestra iconografía, así como las crecientes desigualdades entre ricos y pobres. Y, sobre todo, la acrítica admiración de la desregulación de los mercados, el desdén por el sector público y la quimera de un crecimiento sin límites.

La expresión “más mercado y menos estado; más empresa y menos sindicato” resume de forma lapidaria la orientación de la política económica liberal y el fundamentalismo del mercado, que ha resultado nefasto porque, como bien se manifestó en su día: “El dinero es un buen siervo pero un mal amo”. Será difícil que semejante programa pueda ser impuesto en toda su magnitud en las democracias industriales, sin abolir la democracia, pero ésta no puede darse por sentada, ni siquiera en sus bastiones tradicionales de la UE, como se ha demostrado en la última crisis económica, particularmente en España, donde la derecha en el gobierno incumplió todos los compromisos contraídos con sus electores.

La respuesta sindical no puede ser otra que la organización global reafirmando la “centralidad del trabajo” en el mundo en que vivimos, porque- como manifestó en su día el profesor Juan José Castillo- no estamos ante el fin de la sociedad del trabajo: “Ni siquiera ante una cesión del papel del valor trabajo; trabajo fluido, disperso, invisible, intensificado, desregularizado, pero trabajo al fin”.

Razones poderosas para manifestar que los principios que inspiraron la constitución de UGT (en este año se está celebrando el 130º aniversario de su nacimiento) tienen plena actualidad. Sobre todo siguen vigentes después de la profunda crisis política, económica y social que hemos sufrido y, en todo caso, demuestran que no es la primera vez, ni será la última, que los sindicatos y los trabajadores tengan problemas. Por eso hay que seguir apostando por un sindicalismo renovado y en permanente contacto con la realidad social: más democrático, más participativo, más abierto, más de combate y, por lo tanto, más creíble y capaz de ilusionar, sobre todo a los más jóvenes, a las mujeres, los precarios, los inmigrantes, los autónomos y los trabajadores en paro. Un sindicalismo con capacidad de asimilar los cambios sociológicos, que se expresan a través de las redes sociales a la velocidad y de conectar con los movimientos sociales emergentes en defensa de los más desfavorecidos. En todo caso, un sindicalismo muy activo y militante, que responda, sobre todo, a dos grandes retos en la actualidad: la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y el combate contra la brecha salarial y la igualdad de género, sin que ello signifique abandonar la igualdad de clase, que es la que ha marcado e impulsado las luchas obreras a través de la historia.

Lo más grave de esta situación es que no estamos ante una crisis coyuntural. Se trata de una crisis de valores, de una crisis medioambiental y de una crisis política, que nos está conduciendo a un auténtico desmantelamiento de la democracia. Por lo tanto, su solución requiere un cambio radical en los modos de producir, de consumir, de vivir y de asumir los costes que implica nuestra vida personal, familiar y de relación con los demás seres humanos y con la naturaleza. Debemos debatir también sobre el empleo, el reparto del trabajo existente, la protección social, los servicios públicos  y cómo superar el desarme fiscal (defendiendo una política fiscal suficiente, progresista, armonizada con la UE y en permanente lucha contra la economía sumergida, el fraude y la evasión fiscal), lo que nos ayudará a romper el hábito de vivir para trabajar, trabajar para obtener dinero y emplear ese dinero para consumir (mucho y mal), lo que representa la principal causa de nuestra desmedida huella ecológica.

No podemos perder de vista que nada será posible si los sindicatos no inspiran respeto y mejoran sustancialmente su relación de fuerzas (amenaza creíble), única manera de acrecentar su capacidad de negociación y de movilización social. Y eso requiere actuar sobre cinco grandes asuntos: aumentar la afiliación (actuando en colectivos específicos: jóvenes, mujeres, parados, inmigrantes, autónomos y pensionistas); aumentar la representatividad sindical; avanzar en la formación de cuadros, delegados y militantes sindicales; fortalecer la autonomía del sindicato; y potenciar el desarrollo de la acción sindical a través de la negociación colectiva a todos los niveles. No debemos olvidar que los gobiernos y los empresarios nunca regalan nada. Prueba de ello es que el movimiento sindical ha sufrido y sigue sufriendo una campaña antisindical sin precedentes conocidos en democracia.

Por eso, una sobre actuación sindical de carácter burocrático, institucional y administrativo; o, si se quiere, una acción sindical acomodaticia, encaminada simplemente a limitar daños y a conseguir logros a corto plazo, está condenada al fracaso. Sobre estos hechos se discutió ampliamente en el último Congreso Confederal de UGT- celebrado en Madrid- y, sin lugar a dudas, estos asuntos serán motivo de discusión en los próximos años; sobre todo cuando se está poniendo en entredicho el futuro del trabajo y, por lo tanto, el futuro de los propios sindicatos en un mundo muy condicionado por la robótica, la inteligencia artificial y la creciente digitalización.

En todo caso, cuando celebramos el 30º aniversario de la Huelga del 14- D, es bueno recordar nuestra historia como el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros fundadores, a nuestros mayores y a los miles y miles de héroes anónimos que han luchado desinteresadamente por la causa obrera y por las ideas socialistas. A todos ellos queremos dar nuestro más sincero y profundo agradecimiento y, también, reafirmar públicamente ante ellos nuestro compromiso decidido de seguir luchando por la causa obrera y por la formación de militantes conscientes, preparados y comprometidos, a partir de una cierta utopía: nadie sin empleo; nadie sin casa; nadie sin abrigo y sin alimentos; nadie sin educación y asistencia sanitaria;  y, como consecuencia, sin una renta mínima de inserción en una democracia real que haga posible- como manifestaba nuestro maestro Pablo Iglesias (El Pablismo)-  una sociedad de hombres dueños de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes.

*El presente texto recoge lo más relevante contemplado en el libro, La Huelga del 14-D: 30 años después. Editado por la Fundación Francisco Largo Caballero (FFLC) y presentado en Madrid el 12 de diciembre de 2018.

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