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La violencia de género es una terrible lacra social. Atenta contra los derechos humanos y contra el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación por razón de sexo.

Acabamos de cumplir una dramática cifra. 1.000 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, fecha en que se empezó a contabilizar, aunque seguramente son más porque no se cuentan aquellas que han muerto asesinadas por sus maltratadores pero que no están dentro del  sistema de protección de la Ley Orgánica 1/2004 de protección contra la violencia de género. Y lamentablemente las cifras siguen creciendo.

La violencia de género es una de las formas de expresión del poder que ejercen los hombres sobre las mujeres, la más brutal y repugnante. Es necesario un cambio cultural, pero parece que entre los jóvenes se mantienen los estereotipos sexistas que nutren la violencia de género. Los datos en el empleo, en las tareas domésticas, y en las relaciones sexuales y de pareja, reflejan que la desigualdad, la discriminación y la violencia de género están igual de presentes entre los jóvenes, como lo están en las generaciones anteriores pese a los esfuerzo realizados durante casi cuatro décadas.

Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en 2018 se registraron 166.961 denuncias por violencia de género, un 0,4% más que en 2017, y de las sentencias dictadas las condenas alcanzaron un 70,5%, tres puntos más con respecto al año anterior, el máximo histórico registrado.

Las medidas son insuficientes

La situación nos preocupa. Resulta evidente que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes e ineficaces y que su conexión con la discriminación y desigualdad que sufren las mujeres en todos los ámbitos, y en especial en el mundo laboral, están íntimamente ligados.

Es muy importante tener en cuenta la gran trascendencia que tienen el empleo y la protección social en el tratamiento de la violencia de género. El empleo es uno de los mejores instrumentos para mejorar la situación de las mujeres que sufren violencia de género, ya que además proporcionarles la imprescindible independencia económica, mejora su autoestima y la confianza en sí mismas, contribuyendo así a eliminar la dependencia emocional que tienen del hombre maltratador.

El empleo se convierte, por tanto,  no solo en un elemento clave para avanzar en la erradicación de la violencia de género, sino también en un importante mecanismo de prevención para evitar situaciones futuras de violencia. Por todo ello garantizar el acceso al empleo y mejorar los derechos laborales y de protección social de las mujeres víctimas de violencia de género resulta indispensable.

Desde UGT  consideramos necesario acometer una serie de actuaciones en el ámbito laboral como: aumentar los recursos humanos y económicos que los distintos profesionales reclaman sistemáticamente, al tiempo que es necesario generar empleo de calidad y revisar el actual sistema de apoyo a las victimas ;  incrementar las políticas activas de empleo para que las víctimas de violencia de género puedan acceder al mercado laboral; implantar una cultura en las empresas de tolerancia cero contra la violencia de género, así como de prevención efectiva y eficaz frente a la misma; y abordar la mejora de los derechos laborales para las víctimas de violencia de género, lo que contribuiría en mayor medida a su protección.

 web contrainformacion.es

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