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El ingreso mínimo vital nos dignifica como sociedad

Se trata de un derecho histórico de la ciudadanía: ningún residente en España menor de 65 años recibirá menos que el mínimo vital. Ya era hora. Nuestro estado de bienestar se refuerza​

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el ingreso mínimo vital (IMV). Un derecho histórico de ciudadanía: ningún residente en España menor de 65 años recibirá menos que el mínimo vital. Ya era hora. Nuestro estado de bienestar se refuerza y nuestra sociedad se dignifica en este camino que ahora se inicia hacia una sociedad más justa e igualitaria. Eso que precisamente está en el ADN de los sindicatos de clase como UGT: un modelo de sociedad sin desigualdades sociales. No en vano los sindicatos hemos hecho historia con los logros de nuestra Seguridad Social, donde la nueva prestación de IMV se configura con la misma naturaleza que las pensiones no contributivas, que se crearon fruto de un acuerdo Gobierno-sindicatos tras la famosa huelga general del 14-D.

Mucho más adelante en el tiempo y fruto de la anterior crisis donde los índices de pobreza y desigualdad se dispararon en nuestro país, los sindicatos reclamamos ya un IMV, apoyados en una ILP que contaba con 700.000 firmas para acabar con la pobreza extrema. Algo que era ya entonces una indignidad nacional. Sin embargo, el PP impidió su trámite en el Congreso. Ahora, ante la nueva crisis por la covid-19, los sindicatos hemos exigido, como entonces, la extensión de la protección a los centenares de miles de familias sin empleo, sin prestaciones y sin recursos. Esta vez, el Gobierno no podía mirar hacia otro lado, habría sido una inmoralidad. Es esta demanda sindical la que ha empujado hacia adelante el IMV.

Superado este día histórico, ahora el reto y la prioridad es que el IMV llegue urgentemente a las 850.000 familias que calcula el Gobierno. Esa va a ser ahora nuestra exigencia y ese tiene que ser el intenso trabajo de colaboración entre la Seguridad Social y las comunidades autónomas para alcanzar rápidamente a todas las que lo necesitan y que ya tienen derecho. En esa tarea de colaboración que tanto dignifica a las administraciones públicas debemos colaborar todo lo que podamos, y UGT se ofrece desde ya para hacerlo.

Pero hay que seguir, pues no podemos conformarnos con superar solo las formas más terribles de la pobreza severa con los 3.000 —insuficientes— millones de euros dedicados. Como tampoco nos podemos conformar con una prestación que no vaya acompañada de políticas para lograr dos cosas absolutamente esenciales: la inclusión social y la reinserción en el empleo. En ambas cuestiones tenemos que trabajar eficazmente todas las partes interesadas: las Administraciones responsables (la del Estado, protagonista de la prestación económica, y las comunidades autónomas, responsables de la inclusión social, con la cooperación de las entidades locales), los interlocutores sociales representantes de los intereses en juego y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esos ámbitos.

Hablamos de mucho más que de dinero, del futuro de las personas y sus oportunidades. Desde UGT, vamos a continuar trabajando sin desmayo para alcanzar la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía. La base se ha puesto pero nuevos pasos son necesarios y tienen que darse pronto.

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