Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria General de la Unión General de Trabajadores
El binomio “trabajo y economía”, resulta evidente que se encuentran estrechamente ligados e interrelacionados entre sí. Sin embargo, hombres y mujeres no realizan los mismos trabajos, ni ocupan el tiempo ni el espacio económico de la misma forma, ni al mismo nivel.
El trabajo no retribuido, como el doméstico y el de cuidado familiar, es desempeñado fundamentalmente por las mujeres. Su acceso al mercado laboral no se realiza en las mismas condiciones que el de los hombres; trabajan en sectores de actividad y ocupaciones menos valorados y peor retribuidos; tienen mayores dificultades que los hombres para acceder a puestos directivos y de toma de decisiones, y no ocupan estos puestos de forma equitativa aun teniendo una formación y preparación más que adecuada para ello; sus condiciones de trabajo son más precarias, perciben un salario inferior al de los hombres por trabajos de igual valor, obtienen una menor protección social y padecen mayores niveles de empobrecimiento y de exclusión social. La infravaloración del trabajo que realizan las mujeres, y la división de roles, marcan las desigualdades de participación en el mercado de trabajo de las mujeres.
No obstante la igualdad entre mujeres y hombres, además de ser un derecho fundamental y una cuestión de justicia, constituye una necesidad social y de nuestra economía. Un modelo de competitividad empresarial basado en la calidad de los productos y los servicios no es posible sin que exista una igualdad real en los centros de trabajo.
Las modificaciones legales adoptadas en nuestro país en los últimos años han supuesto un importante incremento del empleo precario y bajos salarios, afectando especialmente a las mujeres
Sin embargo, las modificaciones legales adoptadas en nuestro país en los últimos años han supuesto un importante incremento del empleo precario y bajos salarios, afectando especialmente a las mujeres quienes están viendo como su situación de desigualdad en el mercado laboral, repunta de nuevo.
La Ley 3/2007 para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres dotó a la negociación colectiva de un importante instrumento para avanzar en hacer efectiva la igualdad de género en las empresas, como es la adopción de medidas y planes de igualdad. Los planes de igualdad son una buena opción para implementar medidas que garanticen un trato igualitario en el empleo de mujeres y hombres, pero la falta de compromiso de las empresas en algunos casos y la falta de medidas sancionadoras efectivas, junto con una Inspección de Trabajo mermada en recursos económicos y humanos, han dejado casi sin efecto el cumplimiento de la Ley en esta materia. Por otra parte, para su gestión en las medianas y grandes empresas, es necesaria la creación de comisiones de igualdad a través de las cuales se establecen los mecanismos de participación sindical permanente y de evaluación periódica de los planes, y esto no siempre ocurre.
La falta de compromiso de las empresas en algunos casos y la falta de medidas sancionadoras efectivas, junto con una Inspección de Trabajo mermada en recursos económicos y humanos, han dejado casi sin efecto el cumplimiento de la Ley en esta materia
No podemos obviar que la realidad difiere mucho de unas empresas a otras, y que no en todos los casos se cuenta con la misma capacidad por parte de la representación sindical para hacer reales y efectivos estos derechos a través de la negociación colectiva. La realidad de las grandes empresas es muy distinta de la de las medianas y pequeñas. Nuestro reto es que la negociación colectiva en esta materia pueda extenderse a todas y cada una de las empresas, independientemente de su tamaño, sector o actividad.
Lograr la eliminación de la discriminación por razón de sexo y reducir la brecha de género en las relaciones laborales, en el acceso al empleo, en la calidad de las contrataciones, en los salarios, en la conciliación y la corresponsabilidad de la vida laboral y profesional, en la ocupación de puestos de responsabilidad, y en la eliminación de la violencia de género, sigue siendo un reto pendiente, tal y como las estadísticas constatan año tras año. Para lograr estos fines, resulta imprescindible garantizar la negociación colectiva, así como el papel esencial e insustituible del sindicato como interlocutor en la negociación colectiva.
