Artículo de Javier Fernández Lanero, Secretario General de UGT-Asturias, publicado en el Blog Sindicato en Acción
Hoy, después de meses conviviendo con el virus, ya sabemos, entre otras cosas, que entiende de clases sociales; porque la pandemia está afectando muy gravemente a los colectivos más desfavorecidos, a los más vulnerables y a los que están en régimen de exclusión social. Es en los barrios más pobres donde se producen más contagios, ya que son los que menos recursos tienen para protegerse contra el virus. Esta pandemia está consiguiendo que aumente la desigualdad, pues incrementa la diferencia entre los que más riqueza tienen y los que menos.
Y es que aumenta la pobreza severa en nuestro país. Son esas personas que tienen que sobrevivir con menos de 16 euros al día, afectando a más de 5 millones de personas en España. Crecen también las tasas de pobreza relativa, que encuadra a las personas que tienen que malvivir con menos de 24 euros al día; son ya casi 11 millones.
En los sectores más perjudicados porque han tenido que cerrar su actividad, es precisamente donde hay más precariedad laboral, más temporalidad, más contratos a tiempo parcial y salarios más bajos; la pandemia ha supuesto para ellos y ellas una profunda pérdida salarial. Si a esto sumamos la población emigrante y las personas que están forzadas a una situación irregular, nos encontramos con demasiada gente que no tiene hogar, o donde calentarse.
No podemos permitir que la salida de la crisis y la vuelta a la normalidad se produzca a costa de un aumento de la desigualad porque conocemos las recetas, y no son otras que apostar por políticas públicas que den prioridad a las personas
Ello, sin olvidarnos de los jóvenes y de las mujeres, que son los colectivos donde más ha aumentado el desempleo y los que más poder adquisitivo han perdido, pudiendo darse el caso de que si eres mujer joven y migrante perteneciente a un colectivo racial estás condenada a la miseria más absoluta.
No podemos permitir que la salida de la crisis y la vuelta a la normalidad se produzca a costa de un aumento de la desigualad entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, aumentando el desempleo de larga duración y condenando a los jóvenes y a los mayores de 55 años. No podemos permitirlo porque conocemos las recetas, y no son otras que apostar por políticas públicas que den prioridad a las personas, por potenciar nuestros servicios públicos, y, sobre todo, por subir el Salario Mínimo Interprofesional, las pensiones, complementar las prestaciones de los ERTE y aumentar los subsidios para quien no tiene nada. Porque es un dinero que se invierte en las personas que menos tienen y que revierte en mayores ingresos económicos para el Estado, repercutiendo en el crecimiento económico del país; porque es un dinero que estos colectivos destinan en su totalidad al consumo y si la gente gasta y consume, las empresas venden, lo que significa que no tendrán que cerrar o hacer ERTE. Supone también que pueden pagar impuestos y cotizaciones al Estado por lo que éste ingresa más, y que el Estado no tendrá que pagar tantas prestaciones por desempleo y subsidios.
Y esto hay que hacerlo dentro de un contexto del mercado laboral que apueste por la calidad en el empleo, eliminando la precariedad. Para ello es necesario, en algunos casos sustituir, en otros modificar, y en muchos eliminar, las normativas introducidas en la última reforma laboral.
Ya no caben coartadas, ni justificaciones. Sabemos qué tenemos que hacer, cómo hacerlo, y tenemos un Gobierno de izquierdas para llevarlo a cabo.
