Artículo de Antonio Jiménez Sánchez, Secretario General de UGT-Región de Murcia, publicado en La Opinión de Murcia
El simbolismo que encierra una efeméride como el Primero de Mayo tiene mucho que ver con la necesidad de aprender del pasado para construir un futuro mejor.
Quizás, por eso, hoy me resulta particularmente significativo alcanzar de nuevo esta fecha en el calendario, aún con el telón de fondo de esta maldita pandemia que tanto dolor y sufrimiento ha causado, especialmente, a las familias trabajadoras, y hacerlo, además, con tantas heridas aún sangrantes.
De la manera más dramática posible se han hecho patentes cuestiones tan básicas, desde hace décadas señaladas por las organizaciones sindicales, como que la salud, va primero; que los servicios esenciales, que nos curan, nos protegen, nos abastecen, educan y cuidan a nuestros hijos y nuestros mayores, van primero; que garantizar una vida y un trabajo digno a las personas, va primero.
El dolor que nos produce el conteo diario de personas fallecidas y contagiadas, de personas que pierden su empleo o se suman a las colas del hambre, de empresas que echan la persiana para quizás no volverla a levantar, contrasta vivamente con la suma irresponsabilidad e insensibilidad con la que se conducen algunos dirigentes políticos que parecen en permanente campaña electoral, absolutamente desentendidos de su deber de garantizar el bienestar y los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Por el contrario, y no sin esfuerzo, los sindicatos hemos estado ahí en todo momento, en la movilización y en el diálogo social, para proteger a millones de trabajadores y trabajadoras con los ERTES, poner sus prestaciones a cero y completar, aquí en la Región de Murcia, las más bajas para que alcanzasen el SMI.
Conseguimos también la aprobación del Ingreso Mínimo Vital; que la igualdad laboral y retributiva de las mujeres se aborde en unas normas pioneras e inéditas; que el SMI registrara en los últimos dos años su mayor subida histórica; que se mirase, por fin, hacia los autónomos y los trabajadores del sector agrícola; que se actualizasen las pensiones con el IPC; que dejasen de estar penalizados los piquetes; y conseguimos la derogación del impúdico despido por enfermedad.
Y de todo ello podemos y debemos sentirnos orgullosos, pero lo que no podemos es, sentirnos satisfechos, porque es muchísimo lo que queda por hacer.
Es urgente que se despliegue en su totalidad lo acordado por el gobierno regional y los agentes sociales, hace ya casi un año, en el Pacto para la recuperación económica y social. Nosotros no vamos a renunciar a que se cumpla con lo comprometido
Por desgracia, priman ahora otros intereses, que nada tienen que ver con la necesidad de tener una gestión pública cien por cien operativa, cien por cien al servicio de la emergencia social y económica que golpea a familias y empresas. Y con ello crece, cada día, el riesgo de perpetuar esta situación, en lo social, lo económico y lo laboral, más allá, incluso, de la resolución de esta crisis sanitaria.
Es urgente que se despliegue en su totalidad lo acordado por el gobierno regional y los agentes sociales, hace ya casi un año, en el Pacto para la recuperación económica y social. Nosotros no vamos a renunciar a que se cumpla con lo comprometido para reforzar y auditar la gestión y recursos de los servicios públicos, especialmente los sanitarios y sociosanitarios, ni a la necesaria mejora de la prevención de riesgos laborales, de la atención y protección de las personas desempleadas y las familias vulnerables, ni a que se apoye, suficientemente, el empleo que sostienen las actividades más damnificadas.
Tampoco vamos a cejar en nuestro empeño para dignificar las retribuciones con una nueva subida del SMI, que perciben, en nuestra Región, buena parte de los trabajadores y trabajadoras que, en el campo, el comercio o la limpieza, también han estado al pie del cañón durante toda la pandemia.
Seguiremos insistiendo en derogar la nefasta reforma laboral y poner coto al abuso indecente de la temporalidad y de las subcontrataciones que cometen, incluso, las propias Administraciones Públicas, no sólo en educación o sanidad, también en el ámbito de la investigación y la ciencia, que tan meridianamente han dejado claro en esta pandemia, que son imprescindibles.
Que no cuenten con nosotros para perjudicar a quienes, por su edad, se ven desahuciados del mercado laboral o a quienes el cuerpo ya no les permite ni llegar siquiera la edad legal de jubilación actual.
Continuaremos luchando por garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. Una sostenibilidad que no se encuentra amenazada precisamente, por la excesiva “generosidad” del sistema, sino por haber tenido que asumir veleidades políticas y gastos impropios, y reflejar la precariedad laboral en la que se mueven la mayoría de las y los trabajadores durante su vida activa. Que no cuenten con nosotros para perjudicar a quienes, por su edad, se ven desahuciados del mercado laboral o a quienes el cuerpo ya no les permite ni llegar siquiera la edad legal de jubilación actual.
Salir de esta crisis nos tiene que imponer la obligación de, verdaderamente, no dejar a nadie atrás, sentando las bases de un modelo más sostenible e inclusivo y atajando la desigualdad y las situaciones de vulnerabilidad que sufren, especialmente, las mujeres, las personas migrantes, LGTBI o en riesgo de exclusión. No sólo hay que seguir ampliando y mejorando protecciones y derechos relacionados con la igualdad, también hay que hacerlos efectivos, y ningún poder público puede eludir su responsabilidad en esa tarea y mucho menos aún, asumir o blanquear, por interés político, discursos retrógrados, xenófobos y machistas que los amenazan o ponen en cuestión.
Por todo, este Primero de Mayo tiene que servir para poner en valor la labor de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras que han demostrado ser esenciales y para reivindicar una lucha sindical que seguirá, le pese a quien le pese, abriendo puertas y derribando muros, para asegurar un futuro de justicia, igualdad y progreso social.
