Artículo de Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, publicado en el blog Valor Sindical
Desde hace unos días asistimos atónitos al conflicto entre una de las organizaciones más poderosas del mundo, la Unión Europea, y una multinacional farmacéutica. En síntesis, esta empresa, con un absoluto descaro ha reducido las dosis de vacunas prometidas bajo excusas tan peregrinas como la mala suerte o sus problemas de producción. Sin embargo, otros países, que curiosamente pagan un mayor precio por cada vacuna, no se han visto afectados por esta extraña situación: ellos pagaron primero.
Me resulta difícil entender cómo, estando en juego cientos de miles de vidas, no se ha impulsado una investigación penal que destape la verdad sobre un comportamiento que yo calificaría de criminal. Pero más allá de esa primera reflexión, este conflicto nos muestra de nuevo la indefensión en la que se encuentra Europa y sus ciudadanos y ciudadanas al no haberse protegido e impulsado sectores estratégicos. La terrible dependencia de Asia que vimos en la primera etapa de esta crisis continúa con una falta de autonomía en la producción de vacunas.
El conflicto de la UE con una farmacéutica por el suministro de vacunas, o la OPA lanzada por un fondo australiano sobre una energética española deben hacernos pensar en el carácter esencial de controlar industrias estratégicas
En un ámbito de negocio completamente distinto, en España, nos encontramos con una OPA lanzada por un fondo australiano sobre una empresa de un sector estratégico: el energético. El Gobierno se ha dotado de un instrumento para poder impedir que actividades esenciales para el país queden en manos de entidades cuyos objetivos pueden oponerse a los nacionales. Es imprescindible un análisis detenido y minucioso de las consecuencias de esa adquisición. Análisis que ha de llevar a una decisión no mediatizada por los intereses de aquellos que desean hacer negocio o por los postulados de los corifeos del “libre” mercado.
Sea cual sea la decisión final, esta debe tener en cuenta sólo el interés general de la población, no el del mercado. Como hemos visto, en este caso, no coinciden. En Francia hemos visto como una administración ha impedido de facto la compra de una de sus grandes cadenas de alimentación. Y en Italia, cómo se ha vetado de forma continuada el acceso a sus campeones energéticos y de telecomunicaciones. Otros países del entorno conocen las consecuencias de que las decisiones se tomen a miles de kilómetros de Europa.
