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Tras el Brexit, visión sindical: Las trabajadoras y los trabajadores en el corazón del Brexit

Artículo de Valerie Parra, Responsable Europa de la Secretaría Confederal de Política Internacional de UGT, publicado en la revista Tiempo de Paz 

El 23 de junio de 2016 se celebró en el Reino Unido el referéndum para consultar al pueblo británico sobre su permanencia la Unión Europea. El resultado supuso el mayor cataclismo institucional en el seno de la Unión desde su creación.

Antes de esa fecha nuestros compañeros y compañeras de los sindicatos británicos, Trade Union Congress (TUC), lucharon firmemente, a través de campañas y movilizaciones, a favor de la permanencia de su país en el seno de la Unión Europea. La Unión General de Trabajadores estuvo, está, y estará con ellos en este desafío tanto en las movilizaciones, como en las distintas consultas institucionales y seguiremos haciendo propuestas de apoyo al movimiento sindical británico tanto con respecto a la situación de los trabajadores y trabajadoras españoles en el Reino Unido como con los ciudadanos británicos que residen, trabajan y viven en nuestro país, con especial atención a la particular situación de Gibraltar y la comarca andaluza de Campo de Gibraltar.

Antes de analizar el momento en que nos encontramos, queremos hacer, desde UGT, una mención especial al Negociador jefe de la Task Force 50, Michel Barnier que, desde el principio del proceso, mostró una excelente voluntad de trabajo con la parte sindical y quiso reunirse con nosotros desde el inicio del proceso, en todas las reuniones mantenidas con él pudimos trasladarse nuestras demandas y también alertar de todas las implicaciones que podían darse, en caso de acuerdo o de no acuerdo, para los trabajadores y trabajadoras y para la ciudadanía en general afectada por el Brexit.

Seguimos estando especialmente preocupados por vivir esta realidad, las posiciones extremas de los Conservadores británicos llevadas a su límite han tenido graves consecuencias en la vida de la gente, en el Reino Unido y en la Unión Europea. Los sindicatos no vamos a consentir ningún retroceso en el bienestar y los derechos adquiridos, como la justa movilidad o los derechos en materia de seguridad social y estaremos vigilantes en este periodo que se abre ahora. Aspiramos a una convivencia en armonía, tal y como instituye el predicamento fundacional de la Unión Europea, y continuaremos trabajando en pro de esta armonía con el consiguiente reconocimiento y ejercicio de los deberes y derechos que nos constituyen.

Este es nuestro compromiso, y lo haremos desde una perspectiva compartida de transformar la UE y reforzar la idea y el objetivo de que los trabajadores y trabajadoras británicos, españoles o migrantes no deben verse afectados por el Brexit.

La UGT, junto con la TUC, es una de las centrales sindicales más antiguas del mundo, nuestras raíces comunes, nacidas en el momento de la revolución industrial en Europa a finales del siglo XIX, nos permiten compartir la debida solidaridad en este momento decisivo de nuestra Historia común. Por ello, mantenemos la esperanza de que juntos construiremos un futuro mejor con la certeza de que el movimiento sindical no entiende de fronteras.

En estos momentos tanto la Unión Europea como el Reino Unido están entrando en una recesión mundial debido a la pandemia de la COVID-19, que puede dejar a millones de personas en un desempleo de larga duración. El no acuerdo de la salida del Reino-Unido no hará más que agravar las consecuencias económicas y sociales que caerán, una vez más, sobre las personas y los sectores más vulnerables de la sociedad.

Más adelante analizaremos el acuerdo comercial y otros aspectos de la nueva relación.

El largo y difícil proceso de negociación del Brexit llegó a su fin el pasado 31 de diciembre y la base de la futura relación entre la UE y el Reino Unido se ha establecido con el Acuerdo de Libre Comercio que se firmó el 24 de diciembre de 2020.

El cambio de relación entre el Reino Unido y la UE planteará desafíos para el movimiento sindical europeo y nuestro punto de partida debe ser reafirmar nuestro compromiso con la solidaridad y la cooperación. Desde esta perspectiva no permitiremos que las divisiones políticas entre los Estados nacionales y la UE creen divisiones dentro del movimiento sindical europeo.

Las empresas multinacionales y los gobiernos oportunistas no dudarán en explotar y profundizar las divisiones en su deseo de reducir los costes y las normas laborales y nuestra respuesta será de una sola voz redoblando esfuerzos para profundizar y fortalecer la solidaridad y la cooperación de los propios sindicatos: el bienestar de todas y todos los que representamos depende de ello.

Vemos que la competición para la adquisición de las vacunas contra la COVID- 19 supone un caldo de cultivo para refugiarse en posiciones nacionalistas y nuevas amenazas para la paz y la cooperación.

Los derechos y las normas en el Reino Unido, que ya parecen estar tomando forma, no solo serán extremadamente perjudiciales para los trabajadores del Reino Unido, sino que también serán una enorme amenaza para los trabajadores en toda Europa. Uno de los graves escollos que debemos afrontar desde España, por ejemplo, es que no existe un convenio de Seguridad Social entre nuestro país y el Reino-Unido.

A pesar del compromiso entre la Unión Europea y el Reino Unido de mantener un «campo de juego equilibrado», los procedimientos de aplicación que figuran en el acuerdo son extremadamente débiles y complejos de utilizar. Esto va a suponer un gran esfuerzo en la práctica, a través del diálogo y la cooperación estrechos a todos los niveles, para defender los derechos y las normas de los 27 países de la UE. Los derechos mutuos dependerán de una estrecha coordinación de nuestros sindicatos y de la aplicación de una presión política en el Reino Unido y dentro de la UE27.

Lo que la UE y el Reino Unido han concluido exactamente es un acuerdo comercial y de cooperación (TCA)[1]. La Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que UGT es miembro fundador, reconoce que el acuerdo ha evitado el escenario del “no acuerdo”, sin embargo seguimos convencidos de que ninguna forma de Brexit mejorará las vidas de la ciudadanía británica y europea en general.

El acuerdo ha sido rápidamente aprobado por el Consejo Europeo y ha entrado en aplicación provisional.

Estos son los objetivos que persigue la CES en una nueva relación UE-Reino Unido:

  • Proteger los derechos de los trabajadores mediante una cláusula de no regresión e igualdad de condiciones a lo largo del tiempo.
  • Proteger el empleo y el nivel de vida de los trabajadores en toda Europa mediante un comercio sin fricciones.
  • Una función de implementación y ejecución del Tribunal de Justicia de la UE y los sindicatos para recursos efectivos y sanciones.
  • Proteger la movilidad de los trabajadores y proteger el Acuerdo del Viernes Santo y la paz en Irlanda del Norte.

Repetidamente, la CES ha advertido de los peligros de adoptar un enfoque tradicional de acuerdo de libre comercio para la futura asociación con el Reino Unido, sin una negociación con la participación y consulta a la sociedad civil, sin informes de impacto previos, independientes y públicos, y sin compromisos jurídicamente vinculantes de respetar los derechos de los trabajadores sujetos al mismo mecanismo de aplicación que el resto de las cláusulas relacionadas con el comercio. En este sentido, el acuerdo se aleja un poco del propio mandato de negociación de la UE, que había prometido alejarse de este enfoque puramente comercial y parece, en general, una copia de los acuerdos comerciales existentes, con algunos elementos novedosos que requerirán una evaluación más adelante para comprobar si el acuerdo cumple plenamente los objetivos fijados de garantizar la igualdad de condiciones en el futuro.

El acuerdo contiene un conjunto de herramientas para hacer cumplir la igualdad de condiciones sobre los derechos de los trabajadores, que van desde confiar en la aplicación nacional (que depende de los tribunales del Reino Unido y su sistema de inspección del trabajo), una combinación de un panel de expertos, recursos temporales y represalias por cuestiones de no regresión, así como “medidas de reequilibrio” para posibles divergencias significativas en el futuro. Sin embargo, en ambas situaciones, la parte perjudicada debe demostrar que la presunta infracción en cuestión ha tenido un impacto material en el comercio, lo que constituye una gran carga de la prueba.

Por estas razones, la CES cree que las herramientas incluidas en el acuerdo deberían reforzarse significativamente para disuadir al Reino Unido de desregular su mercado laboral con la esperanza de obtener una ventaja competitiva o, de hecho, remediar una situación de pérdida de derechos.

La CES está solicitando una serie de aclaraciones a la Comisión Europea sobre estos y otros puntos, incluido el papel que van a desempeñar los sindicatos en la presentación de quejas formales que, en la actualidad, parece limitado al mismo papel informal de cualquier otra parte interesada. La CES también exige que el consentimiento del Parlamento Europeo se base en que la UE adopte una serie de medidas complementarias como:

  • Una estructura dedicada a la participación de los sindicatos en el seguimiento y la implementación del TCA, a través de un foro laboral específico para reunirse antes de cada reunión del Consejo de Asociación y presentar análisis e información al Consejo de Asociación y para un compromiso de la UE.
  • Incrementar la efectividad del Grupo Asesor Nacional (DAG) aumentando su representación sindical y otorgándole mayores poderes, a diferencia de la forma actual de los DAG, cuya existencia en los acuerdos comerciales de la UE ya en vigor ha demostrado sus escasas posibilidades de participación y, sobre todo, de modificación de los efectos negativos de la implementación del acuerdo, demostrando un claro sesgo comercial en detrimento de la búsqueda de garantías en materia de derechos humanos y derechos laborales.
  • Empoderar a los sindicatos para que presenten quejas, a través de mecanismos que permitan la imposición de sanciones, también en cuestiones relacionadas con los derechos laborales y derechos humanos.
  • Instrumentos interpretativos conjuntos adicionales con miras a fortalecer la base en ciertas disposiciones del TCA.
  • Establecimiento de un panel de expertos que incluya expertos con conocimientos en materia laboral.
  • Aumentar el Fondo de Reserva para el Ajuste del Brexit.
  • Establecer una unidad permanente centrada en el desarrollo del sindicalismo europeo.

Hay que lograr respuestas a escala europea a desafíos comunes que no se apoyen exclusivamente en las iniciativas de la UE. Por nombrar solo algunos, estos van desde el desarrollo de una agenda de negociación colectiva que incluya la coordinación para controlar las nuevas formas de capitalismo y responsabilizar a las corporaciones de su comportamiento en toda Europa y en toda la cadena de suministro; medidas para prevenir y hacer frente a las consecuencias del desempleo masivo, un enfoque común de la contratación pública, una estrategia de la industria europea, cooperación entre los comités de empresa y un enfoque común y coherente de los acuerdos comerciales.

El movimiento sindical europeo también insiste en la eliminación de las desigualdades sistémicas (género y orientación sexual, etnia, brechas salariales por discapacidad) y en estrategias para combatir la derecha radical, que va en aumento en nuestros 27 países, en los lugares de trabajo y en la sociedad.

Los interlocutores sociales como medio de supervisión

En enero de este año la CES se dirigió a los europarlamentarios, y la UGT hizo lo propio, con los de la delegación española, para que tuvieran en cuenta e incluyeran en lo sucesivo entre sus objetivos los siguientes elementos:

  • Implementar una estructura específica para la participación de los sindicatos en el seguimiento y la implementación del TCA.
  • Establecer un vínculo estructural con el Consejo de Asociación: un foro laboral específico para reunirse antes de cada reunión del Consejo de Asociación y que sea invitada por la UE para presentar análisis e información al Consejo de Asociación. Además, la parte de la UE debería comprometerse a organizar una audiencia específica con los interlocutores sociales antes de la reunión anual del Consejo de Asociación.
  • Incrementar la efectividad del Grupo Asesor Nacional (DAG): Esto requiere un DAG más grande con un mayor número de miembros para los representantes sindicales.
  • Empoderar a los sindicatos para que presenten quejas: la parte de la UE debe facultar a los sindicatos para que presenten quejas formalmente, además del derecho a presentar informes y a presentar pruebas de manera informal, con un compromiso vinculante por parte de la Comisión de tomar medidas al respecto.
  • Actualizar, por parte de cada Comisario europeo, periódicamente los comités del PE pertinentes y que expliquen cómo se están aplicando las distintas partes del acuerdo y, en particular, por qué se activan o no los mecanismos de reequilibrio, aumentando así el escrutinio democrático de la eficacia de las disposiciones del TCA.
  • Negociar, desde las partes, instrumentos interpretativos conjuntos adicionales para aclarar y fortalecer determinadas disposiciones del TCA.
  • Aumentar el fondo de reserva de ajuste del Brexit, facilitar los criterios de elegibilidad para evitar la pérdida de puestos de trabajo en lugar de ser compensados y el acceso directo de los trabajadores al fondo (no solo de las empresas).

También los sindicatos sabemos que los servicios de la Comisión han respondido a las preguntas escritas de los diputados al Parlamento Europeo, en particular sobre el funcionamiento del procedimiento especial de solución de controversias. Desafortunadamente, estas respuestas no añaden claridad al texto de la TCA y no ofrecen garantías de que los mecanismos sean lo suficientemente sólidos para disuadir la desregulación en el Reino Unido o, de hecho, para remediar una situación en la que se están violando los derechos de los trabajadores. La CES respondió pidiendo a la Comisión que aclare si estos planes se cumplirán con firmeza y si la UE tiene que esperar a que se pierdan puestos de trabajo antes de poder actuar. Las garantías recibidas hasta ahora sobre la igualdad de condiciones no son suficientes.

La CES ha realizado un llamamiento al Parlamento Europeo para que exija que la TCA logre, en la práctica, lo que pretende hacer, es decir, mantener la igualdad de condiciones para la competencia leal y para incluir la solicitud de las medidas de acompañamiento mencionadas anteriormente en su Resolución sobre la UE.

Por su parte, el Gobierno de España estuvo trabajando hasta última hora, antes del 31 de diciembre, para mitigar uno de los efectos más cercanos del Brexit. Para el sindicalismo europeo no es aceptable que se produzcan daños generalizados y pérdidas de puestos de trabajo por lo que considera que el acuerdo alcanzado es una buena solución pese al desastre que supone la salida del Reino Unido de la UE.

También hemos advertido reiteradamente de que la cantidad asignada al Reserva de Ajuste del Brexit (BAR) es insuficiente para afrontar los retos de la pérdida de empleo e ingresos en la Unión Europea a causa del Brexit. Por eso, la CES ha exigido un aumento en la asignación de fondos, lo que garantizaría que el dinero llegue a los trabajadores, y no solo a las empresas, y que esa medida esté acompañada por un apoyo para el empleo similar al previsto en el instrumento SURE.

La UGT también quiere poner en valor el acuerdo conseguido ya que, de alguna manera, mitiga alguno de los muchos y nocivos efectos que un Brexit duro pudiera tener en aspectos vinculados con el ámbito laboral. Mantuvimos, desde el principio, que un mero acuerdo comercial con el Reino Unido tendría efectos perjudiciales también sobre la educación, la igualdad de derechos, la protección del medioambiente, la alimentación sana o la sostenibilidad de pueblos y ciudades y, en este sentido, el sindicato recuerda que, tanto la Unión Europea como el Reino Unido están obligados a cumplir con la Agenda 2030 y los consiguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El acuerdo para Gibraltar, que se anunció el mismo 31 de diciembre, supone un pequeño pero importante alivio. Desde UGT, queremos recordar que el Brexit nació como consecuencia de un problema interno en el partido conservador británico y que, azuzado por la extrema derecha y los ultranacionalistas, acabó explotando en todo el país. Es injusto, por lo tanto, que la clase trabajadora de ambos países tengan ahora que pagar los platos rotos de la irresponsabilidad política y de una campaña basada en mentiras.

Durante estos años, UGT siempre mantuvo que Gibraltar debía ser una de las prioridades en la negociación. Así lo expresamos en reuniones de trabajo con el encargado de la UE para el Brexit, Michel Barnier, o ante las distintas administraciones de ambos países. Señalamos la tremenda injusticia y desastre que las más de diez mil personas que acuden a diario desde el Campo de Gibraltar a trabajar a la Roca tuvieran que pagar los desaciertos y errores de las aventuras políticas populistas del partido conservador británico.

Desde el inicio del proceso la CES se movilizó creando un Comité Sindical Inter fronterizo con los sindicatos británicos de Gibraltar y los sindicatos UGT y CCOO del Campo de Gibraltar. Este Comité de trabajo conjunto trabaja con empeño desde entonces para informar, asesorar y realizar demandas en el contexto laboral y es extremadamente útil para los trabajadores de la zona.

Si bien es cierto que los trabajadores y trabajadoras quedan protegidos por el acuerdo de retirada, son sólo una parte del conjunto de personas que encuentran en Gibraltar un medio de vida en una zona tan azotada por el paro como lo es el Campo, el Brexit puede suponer la pérdida de más del 15% del empleo. El acuerdo, cuya negociación hemos respaldado desde UGT, así como los sindicatos gibraltareños, supone de manera rotunda un alivio y una declaración de intenciones: debemos estar por encima de las banderas y asegurarnos de que los gobiernos cooperarán.

La UGT, por otra parte, junto con la central sindical británica TUC, ha advertido que el abandono de la UE deja desprotegidos de numerosa legislación comunitaria a los trabajadores y trabajadoras británicos y también llama la atención sobre la situación de los empleados públicos en las representaciones del gobierno de España en Reino Unido (embajadas, oficinas de turismo, laborales y comerciales, consulados, etc.), que quedan al albur de una legislación desfavorable, con salarios muy por debajo de lo merecido (y ahora, además, sujetos a la devaluación de la moneda local). Por todo ello, desde UGT estamos dispuestos a trabajar y cooperar para mitigar los efectos que tendrá sobre la ciudadanía este despropósito histórico y hemos pedido al gobierno de España estrecho diálogo y colaboración en esta materia.

Desde el 31 de diciembre de 2020, el Reino Unido es un país tercero de la Unión Europea a todos los efectos. Por ejemplo en una materia tan sensible como el empleo y la coordinación de los sistemas de seguridad social, como hemos señalado anteriormente, no hay Convenio Bilateral de Seguridad Social entre España y el Reino Unido, y analizando los convenios bilaterales suscritos por España, solo dos cubren, aunque de manera insuficiente y no equiparable a los reglamentos de coordinación de la Seguridad Social, una contingencia tan sensible como la de desempleo.

El conjunto de las incertidumbres son las propias de una situación inédita y, de la misma manera, cambian las relaciones y el estatus bilateral de España con respecto al Reino Unido. Pasamos de un espacio de libre circulación de personas y trabajadores, de coordinación en materia de seguridad social, etc. a la legislación nacional en materia de extranjería o la ausencia de convenio bilateral.

Justo en el momento de que el Reino Unido anunció su retirada de la Unión Europea, el 15 de marzo de 2017, el Comité Ejecutivo de la CES realizó una declaración en Malta, en ella reiteraba su compromiso de garantizar que los trabajadores y los ciudadanos -en el Reino Unido y en el resto de la UE- no pagasen el precio del Brexit.

Y trasladaba a las partes: “nuestra principal prioridad común es defender los derechos de los trabajadores, sus empleos y sus condiciones de vida….pedimos al Reino Unido que incorpore plenamente a su legislación el acervo social relativo a la protección de los derechos de los trabajadores y que adopte una cláusula de no regresión y que el Reino Unido siga reflejando en su legislación nacional la evolución del acervo social de la UE para evitar el dumping social en la futura relación entre el Reino Unido y la UE y garantizar que los trabajadores británicos no se conviertan en ciudadanos de segunda clase”.

En todos los escenarios que se produzcan a partir de ahora, los sindicatos españoles y británicos, así como el resto de las confederaciones sindicales que forman parte de la CES, seguiremos trabajando con nuestro sindicato hermano del Reino-Unido, TUC, con nuestros respectivos gobiernos y con las instituciones de la UE para evitar los efectos perjudiciales de esta falta de acuerdo.

La participación y la involucración de las organizaciones sindicales en la aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación es imprescindible. Es el compromiso que ha asumido el movimiento sindical europeo que sigue contando en sus filas al movimiento sindical británico. La defensa de los trabajadores y las trabajadoras no conoce fronteras.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN

 

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