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El declive de los servicios sociales

Hemos asistido a unos largos años de crisis que han impedido la consolidación y el desarrollo del Cuarto Pilar del Estado de Bienestar, en un escenario que todo hacía predecir, con la aprobación tanto de Leyes de Servicios Sociales, como la Ley de Protección a la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, una apuesta definitiva por las personas y los derechos subjetivos; donde la protección social, daba un paso adelante y, los avances sociales y legislativos iban a permitir la consolidación de derechos.

No obstante, y a pesar de la evidente recuperación económica, no se destina el dinero necesario para suplir los recortes realizados durante la crisis, y desde luego no se alcanzan los niveles de recursos previos a la misma, lo que afecta a la cobertura que se ofrece a los ciudadanos; precisamente en un momento en el que todos los esfuerzos presupuestarios deberían destinarse en rescatar a las personas. A esas personas que la crisis ha arrastrado a la exclusión y al desahucio económico y social.

De nuevo, los PGE 2018 reflejan el escaso compromiso del Gobierno con las necesidades sociales, con la ciudadanía y con las políticas de rescate y que, a pesar del crecimiento económico, dichos presupuestos en materia de Servicios Sociales continúan por la senda de sus políticas restrictivas respecto al gasto social, sin aportar ninguna novedad.

Las Cuentas reflejan que la protección a la dependencia sigue sin ser su prioridad, no han sufrido el incremento necesario para atender íntegramente a las personas beneficiarias de la ley; incremento absolutamente imprescindible, para poder paliar los recortes sufridos como consecuencia del Real Decreto 20/2012 aprobado para la contención del déficit, y que supuso el quebrantamiento de una ley de derechos universales para pasar a una ley de mínimos.

Se destina menos dinero en 2018 (1.307.972 miles de euros), con respecto a 2011 (1.498.422 miles de euros, con una estimación de beneficiarios de 1.092.872 personas), en una situación en la que al menos teóricamente la ley está totalmente implantada. Indudablemente, la protección a las personas con dependencia no es algo imprevisto, o que quede al albur de la providencia, sino que, a 31 de marzo de 2018 las personas beneficiarias con derecho a prestación son de 1.261.008, de las cuales están atendidas 967.835, y se encuentran en la lista de espera casi 300.000 personas, a las que se reconoce este derecho, pero todavía no han recibido ningún tipo de prestación y están esperando a ser atendidas, lo que en la práctica vuelve a traer como resultado una paralización en el desarrollo del sistema.

Incluso con estos paupérrimos datos, nuestra preocupación va más allá, y desde luego no podemos conformarnos con la escasa protección que se está ofreciendo a las personas dependientes. Los expedientes tardan en resolverse y cuando se hacen efectivas las prestaciones, no se les protegen de forma integral e integrada tal y como marca la ley, donde prácticamente todas las prestaciones son incompatibles entre sí. Con los recortes operados en la ley hemos pasado de un sistema de derechos, que aún se encontraba en proceso de desarrollo y por tanto susceptible de mejora y participación, a un sistema asistencialista.

Es lamentable el proceso de externalización en sus competencias que está realizando el Ministerio en favor del Tercer Sector, volcando su responsabilidad en las  acciones de igualdad y políticas públicas que son responsabilidad de las administraciones, como por ejemplo, en la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la atención a la infancia y las familias o en el desarrollo de programas sociales, sustituyendo el diálogo social con empresarios y sindicatos por el diálogo civil.

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