Artículo de Fernando Morillo, Secretario de Comunicación de UGT-Andalucía, publicado en Diario 16
Roberto Macías no es un informante, es un condenado por la comisión de un delito. El Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla condenó, el pasado mes de mayo de este año, a Roberto Macías a dos años de cárcel por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, y por la posterior filtración a diversos medios de comunicación de documentos de UGT Andalucía de los que se había apropiado ilícitamente.
La sentencia establece que Macías se apoderó de dicha documentación y la dispuso para fines ajenos al desempeño de sus funciones, y la puso a disposición de algunos medios de comunicación. No descubre nada porque las actuaciones policiales y judiciales que afectaban a la UGT Andalucía ya estaban iniciadas –y el Sindicato estaba colaborando con la Justicia- antes de los hechos ilícitos cometidos por Macías.
Por esa razón, la sentencia cuestiona si las intenciones del condenado eran realmente las de alertar un supuesto caso de corrupción, en cuanto ha quedado demostrado que no utilizó en ningún momento los canales de denuncia previstos para ello en el ordenamiento jurídico, habiendo ofrecido la información a los medios de comunicación pero no a la Policía, juzgados o Fiscalía.
El fiscal rechazó su recurso concluyendo que “el condenado no colaboró en nada ni con nadie, no es denunciante de nada y no puede arrogarse una condición para intentar eludir las consecuencias de su delito”
Es más, Macías recurrió esta sentencia, y el Fiscal impugnó ese recurso afirmando, textualmente, que “el condenado ni siquiera cumple con las condiciones para ser beneficiario” de lo establecido en la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión porque no acudió a ningún organismo oficial con la información y los datos obtenidos, sino “facilitando a la prensa datos de carácter personal a su conveniencia” (ignoramos si gratis o cobrando algún tipo de prestación); concluyendo que “el condenado no colaboró en nada ni con nadie, no es denunciante de nada y no puede arrogarse una condición para intentar eludir las consecuencias de su delito”.
UGT considera necesario recordar estos hechos, establecidos por la Justicia, dado que Diario 16 publicó el 17 de noviembre un artículo titulado “La Fiscalía tiene miedo”, firmado por el abogado Josep Jover, en el que se presenta a Macías como “alertador” de corrupción y en esa condición reclama reunirse con la Fiscalía General del Estado.
Como han sentenciado los tribunales, y el señor Jover sin duda sabe, Macías no es un alertador, sino un condenado a 2 años de prisión por la comisión de un delito.
