Artículo firmado por Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, y Unai Sordo, Secretario General de CCOO, publicado en El País
Sin salud no hay economía ni empleo. Esa es la primera premisa. La recuperación económica y social de España depende en lo inmediato del éxito del proceso de vacunación de nuestra población hasta poder llegar a una inmunidad colectiva que nos permita recuperar una cierta normalidad civil. No hay mayor prioridad para nuestro país que esa. Pero hasta lograr esa inmunidad colectiva, frivolizar con las medidas de contención de la pandemia solo puede llevar a alargarla, arriesgar la vida de miles de personas, arruinar aún más nuestra economía y poner en peligro los empleos y el bienestar social de la población en general y de los más vulnerables especialmente.
Precisamente, el alargamiento de la pandemia y el consecuente deterioro económico de nuestro país requieren alargar y mejorar las medidas que los agentes sociales y el Gobierno acordamos que se pusieran en marcha desde el principio de la pandemia.
Pero la duración de la pandemia y de la crisis está agravando una situación que requerirá medidas adicionales. Los problemas de liquidez pueden ser ya de solvencia en miles de empresas, que en caso de desaparecer podrían llevarse por delante miles de puestos de trabajo. Tratar de reducir ese riesgo es otro reto de la política económica en el corto plazo. Y los planes para la recepción de los fondos de recuperación habilitados por la Unión Europea deben ser otra clave para relanzar la economía y el empleo en los próximos años.
Pero además, por debajo del radar de las cifras oficiales existe una parte de nuestro país cuya situación es de angustia. La caída o pérdida de ingresos unida a la precariedad laboral y el desempleo, con cientos de miles de hogares sin ninguna renta salarial y de familias con todos sus miembros en paro, está llevando a muchísimas personas a situaciones desesperadas y a la inseguridad en el futuro.
La agenda social, hasta ahora centrada en hacer frente a las consecuencias de la pandemia, debe empezar a pensar en el post-COVID. ¿Por qué puerta vamos a salir de esta crisis? Para UGT y CCOO la salida de esta crisis tiene que ser diametralmente distinta a la anterior. La inversión pública y privada, la activación de la demanda interna y la recuperación de las rentas salariales son claves. Y para abrir esta puerta de salida no pueden permanecer intactas las reformas laborales y de pensiones del periodo 2010-2015, pensadas para la devaluación interna del país. Las herramientas del austericidio no sirven para una recuperación que, utilizando expresiones del Gobierno, “no deje a nadie atrás”.
Los sindicatos hemos convocado concentraciones —de la dimensión y con la seguridad que requiere el momento sanitario— para el próximo 11 de febrero. En ellas pretendemos poner de manifiesto la necesidad de recuperar esa agenda social que aborde la mejora de nuestro modelo laboral, marcado hoy por una reforma del mercado de trabajo que generó peores salarios y más precariedad, y que conviene superar para siempre; el refuerzo de nuestro sistema público de pensiones, derogando una reforma de 2013 que de facto ya está suspendida y donde los consensos del Pacto de Toledo son la vía idónea para hacerlo; y la necesidad de recuperar cuanto antes la senda de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta llevarlo al 60% de la media salarial al final de la legislatura.
Frente a los que afirman que ahora no toca subir el SMI, porque pone en peligro el empleo, ni abordar las reformas de la legislación laboral y la de pensiones, y que existe un condicionamiento europeo que dice que para recibir los 140.000 millones de euros fondos europeos es necesario mantener intactas las reformas citadas, les decimos que “Ahora Sí Toca” y que tal condicionamiento no existe.
¿España debe reducir la dualidad laboral (somos el país con más temporalidad de Europa) o garantizar que el sistema de pensiones sea sostenible? Obviamente. Pero no está prescrito por nadie cómo hacerlo. Estabilizar el empleo es limitar el recurso al contrato temporal y al despido, para buscar alternativas en una nueva regulación de los ERTE. Garantizar la sostenibilidad de las pensiones no es reducirlas, sino buscar flujos de financiación permanentes en la Seguridad Social y transferencias adicionales, que sean sostenibles a través de la política fiscal necesaria. Y subir el SMI, además de ser un compromiso político, es una cuestión de justicia social, laboral y de impulso económico.
Por todas estas razones, haremos concentraciones de protesta el 11 de febrero en todas las capitales de provincia, porque ahora sí toca subir el SMI y derogar la reforma laboral y la de pensiones.
