Transportation and technology concept. ITS (Intelligent Transport Systems). Mobility as a service.

El sector público: un papel protagonista

Artículo de Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, publicado en El Nuevo Lunes

La asignación de los fondos europeos para la reconstrucción y modernización de la economía del país constituye una oportunidad extraordinaria que no podemos desaprovechar. España tendrá acceso a 72.000 millones de euros vía transferencias durante el periodo 2021-2023, de los cuales 27.000 ya se incorporan en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Nunca una cantidad tan elevada había sido destinada a este fin, ni se había propuesto con tanta claridad la necesidad de un desarrollo estratégico para cambiar nuestros cimientos productivos y hacerlos más sólidos y sostenibles. Que esta enorme oportunidad sirva para construir una nueva senda de progreso dependerá de varias cuestiones.

La primera y más obvia, acertar con el destino de los fondos, eligiendo bien los proyectos que impulsarán este cambio. La prioridad debe ser el fortalecimiento de los sectores y actividades que tienen una mayor fuerza tractora para el conjunto de nuestra economía (industria avanzada, turismo), que reducen nuestra dependencia externa (energía, sanidad) o que potencian los factores horizontales más potentes para el desarrollo presente y futuro (TICs, formación, digitalización, medioambiente). Y también los servicios públicos, como indiscutible pieza clave del bienestar colectivo y elemento reforzador de un crecimiento más sostenible y humano.

Una segunda cuestión relevante es el rol que ejercerá el Estado en este proceso. Sin vulnerar la normativa comunitaria a este respecto, el sector público debe jugar un papel protagonista para dirigir las grandes transformaciones planteadas. La llamada ‘colaboración pública-privada’ no es suficiente y, de no realizarse con las garantías necesarias, podría derivar en una grave pérdida de eficiencia. Los recursos deben además llegar adecuadamente al tejido empresarial de menor tamaño, evitando una intensificación del dañino proceso de oligopolización en nuestra economía.

La tercera cuestión es establecer los condicionantes adecuados para que las inversiones tengan un impacto social positivo. Y ello pasa, al menos, por dos circunstancias. De un lado, que todos los proyectos vayan indisolublemente unidos a la creación de empleo estable y con condiciones laborales decentes, que deben plasmarse en la elaboración de memorias de impacto claras y realistas. De otro, que primen los criterios que establece la llamada Transición Justa, es decir, que se prevean siempre alternativas para todas las personas que puedan resultar afectadas negativamente por los cambios acometidos, con especial atención a la dimensión territorial del problema. Nadie debe quedar atrás en el proceso de transformación, y como resultado, debe surgir un modelo económico más robusto, pero también una sociedad más cohesionada.

Una cuarta condición pasa por impedir que las inversiones se vean afectadas por una condicionalidad estricta, al estilo de la que se aplicó desde 2010. Sabemos que no tiene por qué ser así, pero no faltan quienes empujan siempre en esa perversa dirección, intentando condicionar la llegada de los fondos a la aplicación, sin diálogo social y por la puerta de atrás, de los regresivos cambios legislativos que vienen proponiendo desde hace años (mercado laboral, pensiones). Los fondos no pueden servir de excusa para nuevos recortes de derechos ni pérdidas de soberanía democrática.

Por último, en el diseño de las políticas (y, por tanto, en el reparto de los fondos) debe existir la máxima coordinación entre las distintas administraciones implicadas en el proceso. Y debe ser fruto de un amplio y extenso proceso de diálogo y participación efectivo con los interlocutores sociales, que se encuentra aún en un estado incipiente.

En conclusión, los fondos europeos de reconstrucción suponen una oportunidad que no podemos dejar escapar, pero que se presenta asociada a una serie de riesgos que no debemos obviar, y que obligan al máximo nivel de transparencia, diálogo y responsabilidad. Desde UGT vamos a trabajar para ayudar a obtener el mayor rédito económico y social en esta ocasión única, exigiendo idéntica responsabilidad en todos los agentes implicados.

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