Gobierno de Rajoy

La necesaria reforma de la reforma laboral

Artículo de Manuel de La Rocha Rubí, abogado de UGT y ex diputado socialista, publicada en eldiario.es

Uno de los objetivos del programa electoral del PSOE y del Acuerdo de Gobierno de la coalición progresista entre PSOE y UP es el de la derogación de la reforma laboral del PP, con la recuperación de los derechos laborales que eliminó. Los juristas sabemos que una norma que afectaba a cerca de 100 artículos de diferentes leyes (Estatuto de los Trabajadores, LGSS, LRJS, Ley de Empleo…) no cabe derogarla de golpe, como si no hubiera existido, sino que la modificación debe referirse a aquellas de sus disposiciones que afectan de modo más directo y grave a los derechos de los trabajadores y al restablecimiento de la negociación colectiva como vía de regulación de las condiciones de trabajo frente a la desigualdad en las relaciones de producción. De ahí que el propio Acuerdo de Gobierno PSOE-UP desglosara y concretara los objetivos de esa derogación, fijando unos objetivos “con carácter urgente” y otros a medio plazo.

Recordemos los hechos. En febrero de 2012 el Gobierno del PP, sin negociación con sindicatos ni empresarios, ni siquiera con el conocimiento previo de lo que se tramaba, aprobó un Real Decreto-Ley que implicaba una profunda ruptura del equilibrio en las relaciones de trabajo, imponiendo un cambio de modelo que otorgó a los empresarios un poder de disposición sobre salarios y condiciones de trabajo como no tenían desde el franquismo. Se trataba de lo que el entonces ministro Guindos consideró como una reforma “extremadamente agresiva” para los trabajadores.

La reforma del PP, al no poder recurrir a una devaluación monetaria, optó por una mejora de la productividad vía una generalizada devaluación salarial. Entre otras medidas en esa dirección se incluyeron: la prioridad absoluta en materia salarial del convenio de empresa, buscando una bajada generalizada de salarios; la facultad del empresario de reducir unilateralmente los salarios, sean pactados colectivamente o en contrato individual; la rebaja del coste del despido improcedente de 45 días a 33 días, además de reducir el tope máximo de 42 mensualidades a dos años; la desaparición de los salarios de tramitación en caso de improcedencia del despido; la eliminación de la autorización administrativa en los ERE para evitar, se decía, que se pactaran indemnizaciones superiores a 20 días año.

Todo ello supuso la ruptura del difícil pacto social anterior e implicó un inmenso traspaso de rentas de los trabajadores a los empresarios, de miles de millones de euros, a la vez que el grave deterioro de las cuentas de la Seguridad Social por la paralela disminución de las cotizaciones sociales.

Además, la reforma del PP incrementó el poder empresarial, disminuyendo las posibilidades de acción de los sindicatos como sujeto colectivo en las relaciones laborales, para individualizarlas: eliminando la capacidad de sindicatos y empresarios para articular y estructurar la negociación colectiva, al dar prioridad al convenio de empresa, en cuya negociación no hay presencia sindical, y devaluando los convenios de sector, que tienden a homogeneizar las condiciones de trabajo, defienden mejor a los trabajadores y evitan el dumping social; derogando la ultraactividad de los convenios colectivos, de forma que por el transcurso del tiempo desde el fin de su vigencia sin haberse pactado uno nuevo, todos los derechos que reconocía se pierden y tienen que volver a negociarse, reforzando de forma extrema la posición empresarial, pues el tiempo juega siempre a favor del empresario; posibilitando los descuelgues del convenio sin acuerdo; o flexibilizando las causas del despido o la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo alegando simplemente razones económicas “relacionadas” con la competitividad o la productividad; incluso la limitación de los derechos de las mujeres para conciliar el cuidado de sus hijos.

Es, pues, necesario reequilibrar las relaciones laborales, fortalecer la negociación colectiva y el papel de los sindicatos, ‘causalizar’ más los despidos colectivos, mejorar las condiciones salariales de trabajadores y trabajadoras, todo lo cual son elementos claves del pacto keynesiano posterior a la segunda guerra mundial y del modelo social europeo. Y hay que regular la contratación temporal y la subcontratación para evitar la precariedad en el empleo. El propio presidente de EEUU, Joe Biden, en su nuevo “Plan de Empleo Estadounidense”, cuantificado con una inversión de 1,7 billones de euros, hace un guiño cómplice a la clase trabajadora para potenciar la afiliación a los sindicatos.

Y frente a lo que hizo el PP, debe hacerse a través del diálogo social, pero no reconociendo un derecho de veto. La izquierda no puede renunciar a su programa porque estén en contra las patronales, a las que hay que escuchar y hasta lo que se pueda consensuar. Recordemos que el PP no pactó, ni siquiera negoció su reforma.

El actual Gobierno retrasó abordar estas cuestiones tanto por la pandemia como para negociar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Conseguidos éstos, el objetivo de derogar por fases la normativa laboral del PP es ya insoslayable, habiendo convocado la ministra de Trabajo, a empresarios y sindicatos a esta tarea.

Pero en el debate político ha vuelto a surgir un conflicto acerca de su oportunidad, que tanto la derecha política y económica como ciertos sectores de izquierdas pretenden vender como una confrontación entre el PSOE y UP. Los socialistas buscaríamos retrasar o diluir la reforma de la reforma del PP, mientras que sería Podemos quien la mantendría como objetivo. Se ha llegado a decir que habría dos bandos, uno formado por los sindicatos UGT y CCOO con Podemos, y otro por la patronal, Bruselas y los socialistas del Gobierno, que no querrían más cambios que reducir la temporalidad de los contratos.

Sin embargo, esa configuración no es tal, es ficticia. Lo que hay, como ha habido siempre con gobiernos socialistas, es una diferencia entre las posiciones más social-liberales, situadas en el Ministerio de Economía, más favorables a otorgar flexibilidad a los empresarios y ahora, con Nadia Calviño, reacias a derogar la reforma laboral del PP, y los que creen que esta derogación, por pasos y sobre temas y contenidos concretos, es imprescindible si de verdad somos coherentes con nuestra posición sobre el conflicto social y una más equilibrada regulación de las relaciones laborales.

Porque la mayoría de los socialistas hemos sido y somos favorables a esa derogación. Lo declaró insistentemente Pedro Sánchez como secretario general del PSOE durante la campaña electoral, está en nuestros programas, electoral y de coalición de Gobierno, lo ha dicho recientemente el secretario de Empleo de la Comisión Ejecutiva, lo reiteran la corriente Izquierda Socialista y otros múltiples cuadros y militantes, además de UGT y CCOO. La confrontación, repito, no es en mi opinión entre socialistas y podemitas, sino entre social-liberales y socialistas o socialdemócratas consecuentes. Lo demás son escaramuzas de las derechas o autoproclamas de izquierdistas antisocialistas. Porque la reforma de la reforma laboral del PP es ya imprescindible.

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