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‘Pecados ajenos’ por Pepe Álvarez (Secretario General de UGT) 

Un día de diciembre de 1978 los españoles y las españolas decidimos ser libres, todo lo libres que podíamos después de cuarenta años de dictadura, y eso es algo que conviene recordar, porque para lograrlo nos forzamos colectivamente a un entendimiento –consenso- que implicó algunas renuncias.

El tiempo nos ha demostrado que la libertad se gana cada día.  ¿Es legítimo sentirse desvinculado de todo eso y poner sobre la mesa, cuarenta años después y en un país diferente, aquellas renuncias? Por supuesto. Pero deberíamos plantearnos inmediatamente después si somos capaces de sacarlas adelante con el aplastante consenso con que el pueblo español aprobó el texto constitucional original.

Otra cosa es la reaparición con absoluta desvergüenza de los nostálgicos y apologistas del tiránico, corrupto, y criminal régimen franquista, frente a los que no cabe otra cosa que devolverlos a la ilegalidad que les corresponde. Cualquier tipo de exaltación del franquismo debe ser punible, y UGT propondrá al Gobierno la adopción de una ley con ese fin, tal como existe en otros países europeos en relación al fascismo o al nazismo.

La Constitución nos ha servido para afrontar los grandes problemas que hemos vivido en estos años, como las amenazas de los nostálgicos del franquismo, la barbarie del terrorismo, y las tensiones territoriales. El problema es que acaba cargando con pecados ajenos. Las razones del desapego político y de la pérdida de confianza están precisamente en que muchos de los responsables políticos no han estado a la altura del texto constitucional. No se quiere más la Constitución por abrazarla, y se corre el riesgo de ahogarla. La Constitución no tiene nada que ver con quienes trafican intereses políticos en su nombre, ni con quienes se atrincheran en su inmutabilidad mientras ignoran –cuando no vulneran directamente- partes esenciales de sus mandatos.

Me refiero concretamente al Título Primero, donde están recogidos como derechos y deberes fundamentales el deber de trabajar y el derecho al trabajo (artículo 35.1), el deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en un sistema tributario justo (artículo 31.1), el deber de los poderes públicos de promover una distribución de la renta regional y personal más equitativa (artículo 40), el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (artículo 47). Esto también es mando constitucional, y no de segunda categoría. No aparecía en la Constitución que refrendamos los españoles y las españolas que estos sean derechos condicionados a nada; los condicionantes se pusieron después, mediante la vergonzante reforma del artículo 135 en 2011, de la que derivan los males posteriores. Por eso UGT viene defendiendo desde entonces una doble alternativa: o volver al texto original, anterior a la reforma, o acometer una nueva reforma que blinde el estado de bienestar (sanidad, educación, pensiones, dependencia y el resto de derechos sociales) estableciendo, además, un suelo de gasto social no afectado por las reglas del déficit público.

Pero si esto es importante, considero que tienen al menos la misma gravedad los intentos impunes de expropiar derechos constitucionales esenciales. Me estoy refiriendo al mismo Título Primero que mencionaba antes, donde figuran el derecho de reunión pacífica (artículo 21.1), condicionado gravemente por la que todos conocemos como la Ley mordaza; el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses (artículo 28.2), criminalizado por campañas mediáticas y políticas incruentas, y vulnerado –en mi opinión- por interpretaciones judiciales ajenas al principio constitucional, y que han llevado al encausamiento o condena de más de 300 sindicalistas.

Y finalmente, quedan los artículos 37.1 y 50. El primero establece el derecho a la negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y los empresarios y la fuerza vinculante de los convenios colectivos, y el segundo la obligación de los poderes públicos de garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas.

Tras siete años de vigencia de la reforma laboral realizada en el año 2012, existe un consenso muy extendido, incluso entre quienes salieron ampliamente beneficiados por la misma, que esa reforma desequilibró de tal forma las relaciones laborales que impide, de facto, el desarrollo normalizado de la negociación colectiva, con consecuencias dramáticas en términos de reparto de riqueza y crecimiento de la desigualdad. Nunca debería haberse aprobado y es indignante que nuestros representantes políticos sean incapaces de ponerse de acuerdo para restituir la dignidad y los principios fundamentales del derecho laboral en las relaciones laborales. Lo mismo se podría decir, casi punto por punto, en relación con la reforma de las pensiones de 2013.

Antes de plantear reformas a la Constitución (y mi organización tiene algunas propuestas en este sentido) deberíamos esforzarnos por dar cumplimiento a lo que todavía falta por desarrollar. Algunas de las políticas que hemos visto durante los últimos años se parecen mucho a aquello (cuyo origen confieso que desconozco) de que no hace falta matar al burro, basta con no darle agua. No ha hecho falta derogar la ley de dependencia, o la ley de memoria histórica, porque ha sido suficiente con dejarlas sin financiación. Y algo parecido pasa con las funciones que la Constitución reconoce a las organizaciones sindicales, como la realización de una negociación colectiva de eficacia general que no se dota de recursos igualmente generales. Ha sido, y sigue siendo, un derecho fundamental que se hace posible con las cuotas que pagan los afiliados y afiliadas de las organizaciones sindicales. Y eso, a pesar de que la Constitución protege tanto el derecho de afiliación como el de no afiliación.

La Constitución española es un marco de libertades, derechos y creencias democráticas muy superior a los de muchos y muchas miembros de la clase política a los que les ha correspondido o corresponde darle cumplimiento y, sin descartar el debate de las reformas, creo más necesario el de revisar y aplicar sus contenidos.

(Artículo publicado en el diario Expansión el 6 de diciembre de 2018)

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