Artículo de opinión de Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria General de UGT, en «El Siglo de Europa»
No son camisetas con frases bonitas, ni selfis en las ‘manis’ para el recuerdo, lo que debería haber más allá del 8-M. Debe haber política dando respuestas a situaciones dramáticas
Las dificultades que hemos encontrado para sacar adelante en el diálogo social algunos pequeños avances en relación con la igualdad de las mujeres, me hacen pensar en las que pueden esperarnos más allá del último 8 de marzo. Porque, si un Gobierno abierta y claramente comprometido con esa igualdad, ha podido transformar ese compromiso en tan minúsculos avances, hemos de empezar a pensar en la necesidad de crear las condiciones para que la lucha de las mujeres encuentre cauces más favorables.
El feminismo, y el 8-M en concreto, no se puede convertir en algo parecido al día de San Isidro en Madrid o a la Feria de Abril en Sevilla, con la clase política de todo el espectro ideológico acudiendo a la pradera del Santo o al Ferial para compartir la diversión y el asueto con el pueblo (unidos en la diversión, no en los problemas).
El 8-M hunde sus raíces en el movimiento obrero, en cuya naturaleza está el conflicto de intereses. No son camisetas con frases bonitas, ni selfis en las ‘manis’ para el recuerdo, lo que debería haber más allá del 8-M. Debe haber política dando respuestas a situaciones dramáticas de explotación, de acoso, de penurias, de sufrimiento, de lesiones e incluso de muerte.
Si una mujer va a denunciar a su marido por malos tratos, y cuando vuelve a casa la matan, algo estamos haciendo mal. Cuando hay centros de trabajo en la que la mayoría de la plantilla son mujeres, pero los encargados, coordinadores o lo que sea, son hombres es que algo está mal, y hay que cambiarlo.
La política tiene que ser útil a la ciudadanía y estamos en un momento clave para recordarlo. Los programas electorales de los partidos que concurren a las elecciones generales, autonómicas, municipales, europeas, deben incluir compromisos concretos por la igualdad y contra la discriminación de las mujeres, no melifluas y evanescentes frases que, ni dicen nada, ni se comprometen a nada.
No es simplemente una cuestión de voluntad, es también, y lógicamente, una forma de ver y entender la sociedad. El empresariado español protesta una y otra vez contra el exceso de regulación, el exceso de normas, la infinidad de tipos de contratos que existen, etc. Por eso estuvieron encantados con la reforma laboral de 2012 que les autorizaba a hacer prácticamente lo que quisieran; y, aun así, las prácticas fraudulentas en el mercado laboral español son de tal tamaño que hasta la Comisión Europea (tan cuidadosa en sus palabras) decía en el Informe sobre España 2019, publicado el 27 de febrero pasado, que “el uso generalizado de contratos temporales supone un freno para el potencial de crecimiento y la cohesión social de España”.
Y sí, finalmente, también es una cuestión de dinero. Un buen sistema educativo requiere dinero no sólo para que las personas tengan las capacidades que requiere la nueva economía digital, también para formar en valores, incluido el de la igualdad entre hombres y mujeres. Y hace falta dinero para que el sistema de atención a las personas en situación de dependencia dé un trato digno a los dependientes y libertad a quienes –mayoritariamente mujeres– los atienden. Y para crear escuelas de 0 a 3 años que permitan a las madres –como a los padres– hacer compatible el trabajo y la familia. El dinero, para eso y para otras medidas igualmente necesarias, es el de todos, el que aportamos mediante los impuestos que recauda un sistema tributario que mide, mejor que las banderas, el compromiso con nuestro país de cada uno de nosotros y nosotras.