Artículo de Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, publicado en el Grupo Vocento
Desde hace tiempo me preocupa que algunas personas que viven en este país no adviertan la importancia de las cuestiones que venimos reclamando las organizaciones sindicales. Preocupado porque considero que tal vez no estemos haciendo todo lo necesario para comunicar a la sociedad la justicia y necesidad de nuestras exigencias. Espero que este artículo sirva para ello.
En el mes de febrero de este año, UGT y CC OO hemos iniciado una serie de movilizaciones, contenidas, adecuadas al estado de pandemia en que vivimos. Tal vez incluso demasiado ordenadas para la situación de necesidad que se encuentra detrás. La razón que nos lleva a la movilización es sencilla y común a la de cualquier movilización anterior. La imposibilidad de conseguir objetivos primarios y básicos a través de la concertación.
Y es que la concertación social se ha convertido en una especie de consenso obligatorio que permite a una de las partes presentes paralizar la negociación. Hemos asistido con sorpresa a que mientras en los países de nuestro entorno se incrementaba el Salario Mínimo Interprofesional, en el nuestro no se subía por razones de teorización económica tertuliana.
El Salario Mínimo Interprofesional es un instrumento esencial para asegurar la distribución de riqueza. Y pese a las declaraciones de algún miembro del Gobierno no daña la competitividad de sectores maltratados por la crisis, porque todos ellos están cubiertos por la negociación colectiva con niveles salariales más elevados. El Salario Mínimo Interprofesional da cobertura a los ámbitos más desprotegidos, allí donde el poder sindical no alcanza. Sectores que no han sido, en general, perjudicados por la crisis, como el agrícola, o contrataciones de servicios, en algunos casos, de las propias administraciones.
Con idéntico estupor asistimos a la persistencia del Gobierno en retrasar el cumplimiento de sus compromisos electorales. En el mismo, se afirmaba con rotundidad la derogación de la reforma laboral. Y ahora que una mayoría parlamentaria sostendría esta posibilidad, por un lado, se delega en una negociación bilateral con la patronal que no va llegar a ningún lado puesto que la estrategia de esta no es sino dilatar la cuestión a la búsqueda del tiempo perdido. Y por otro, parece que subyace una posición ideológica, muy similar a la de Gobiernos conservadores anteriores, de no tocar ciertos instrumentos de presión sobre las personas trabajadoras en la crisis. Es como si de nuevo se quisiera que la salida de la crisis la pague la clase trabajadora. O no hemos aprendido nada o hemos aprendido demasiado.
De la crisis del 2012 se salió con peores salarios y condiciones, con enorme precariedad. De la crisis del 2020 se pretende que el escape sea el mismo. Y las organizaciones sindicales más representativas no estamos dispuestas. Porque sabemos que mantener herramientas jurídicas como el régimen actual que regula la ultractividad, la prioridad del convenio colectivo de empresa o la actual normativa sobre el despido colectivo, solo sirve para ahondar en el caos social y en la miseria. La regulación de la ultractividad vigente fue concebida sin demasiados ambages para atemorizar a la parte social en la negociación, empujándola a un callejón sin salida, bajo la amenaza de la perdida de vigencia del convenio ya pactado.
La prioridad del convenio colectivo de empresa se instrumentaliza para dar puerta libre al dumping social y a la competitividad a través de los bajos salarios. Y qué decir de la actual regulación del despido colectivo que permite a empresas que piensen que en situaciones como Alcoa pueden deshacerse de trabajadores a un coste ínfimo, existan o no razones que justifiquen esas medidas.
Es imprescindible dar un giro a la actual situación que nos devuelva a una situación de equilibrio actualmente rota. La supremacía normativa de la que goza la patronal es realmente insoportable y no hay argumentos para sostenerla. Un Gobierno de izquierdas no puede ni debe mantener esta regulación ni un minuto más.
Pero las movilizaciones, por desgracia, alcanzan a más ámbitos. En el curso de estas semanas, nos hemos quedado estupefactos por anuncios de regulaciones, tal vez globos sondas, dirigidos a ahorrar en un pretendido gasto presupuestario donde no se debe, rompiendo acuerdos y pactos. La extensión del periodo de cotización para la jubilación a 35 años es un insulto a acuerdos que aún no se han implementado como el de 2011. Y no lo vamos a admitir.
El sentido de la política debe cambiar. Debe conducirse a mejorar la vida de las personas. No a proteger los intereses de una casta privilegiada. Necesitamos medidas que reindustrialicen nuestro país, que finalicen con la brecha de género, que contribuyan a la paliar la creciente desigualdad. Y, sin duda, las medidas por las que nos movilizamos son una necesidad imprescindible.
Reconstruir para construir un nuevo país.
