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¿Subir el Salario Mínimo? Rotundamente sí. Sobran las razones

Artículo de Javier Fernández Lanero, Secretario General de UGT-Asturias

Subir el Salario Mínimo Interprofesional es de justicia social. Es subir el salario a los que menos tienen, a las personas necesitadas y vulnerables, a las más castigadas por la pandemia. Es también intentar acabar con la figura del trabajador pobre en España, que es el tercer país de la Unión Europea con mayor número de trabajadores y trabajadoras pobres.

Pero, además, subir el Salario Mínimo es incentivar el consumo, algo considerado necesario por la inmensa mayoría de economistas y expertos. Es obvio que aquellas personas que ganan 950 euros al mes -o bastante menos si el contrato de trabajo es a tiempo parcial- destinarán la subida de su salario al consumo. No se puede ahorrar con salarios bajos.

Y si las personas consumen, es decir, gastan y compran, las empresas venden, y por tanto no entran en crisis y no tienen que despedir o poner a sus trabajadores en ERTE. De este modo, el Estado paga menos prestaciones por desempleo, y las empresas pueden asumir íntegramente las cotizaciones y los impuestos. Con ello, el Estado recaudará más dinero y dispondrá de más recursos económicos para destinar a protección social, inversión y fortalecimiento de los servicios públicos. 

En definitiva, que repercutirá positivamente en la recuperación y reactivación económica de nuestro país, entrando así en un bucle de crecimiento positivo. 

Así pues, no hay ni una sola razón para no subir el Salario Mínimo Interprofesional, cuando además lo están haciendo los países de nuestro entorno europeo. Se daría, además, cumplimiento al compromiso electoral y de gobierno de los actuales grupos políticos de izquierdas que lo conforman, que acordaron asumir lo establecido en la Carta Social Europea al respecto, o sea, equiparar el Salario Mínimo al 60% del salario medio, que en  nuestro país está en torno a 1.200 euros. 

Si este año no se subiese ni un euro el salario mínimo sería prácticamente imposible cumplir con esta promesa: estamos ya a mitad de legislatura y un incremento de 250 euros en los próximos dos años parece algo improbable.

Lo que no hay manera de entender es la actitud del Banco de España de entrar a valorar y a vincular la subida del Salario Mínimo con la no creación de empleo. No es atinada esta perspectiva en un país como el nuestro, donde existen muchos contratos temporales de menos de 30 días y de menos de una semana; donde la mayor parte de estos contratos son a tiempo parcial, y además hay mucho fraude en la contratación; donde en 2020 se han hecho más de 320 millones de horas extraordinarias, la mitad de las cuales no se pagan, y teniendo en cuenta que, de no haberlas hecho, se podrían haber generado más de 188.000 empleos, lo que supondría una recaudación para la Seguridad Social de 750 millones de euros. 

No parece presentable que el Banco de todos los españoles y españolas entre a opinar de lo que no le compete para tratar de influir en la opinión pública y en las negociaciones que están en marcha. Ya en las últimas semanas ha venido atacando de manera tediosa con sus tesis sobre la puesta en marcha de la mochila austriaca y sobre pensiones.

Y, sin embargo, no opina de lo que sí le compete. No dice ni mu, de los 65 mil millones del rescate a la banca que tuvimos que sufragar los ciudadanos y ciudadanas de este país. Tampoco se pronuncia sobre el hecho de que, de esa astronómica cifra, apenas hayan devuelto el 5%, mientras sus directivos perciben sueldos multimillonarios y programan despidos masivos. Más de cien mil trabajadores han sido despedidos en los últimos diez años en el sector bancario, inmerso ahora en la negociación de una nueva reestructuración que no solo generará de nuevo miles de despidos, sino que también agravará los problemas de las zonas rurales por el cierre de sucursales bancarias. 

Por todo esto, exigimos al Banco de España que se dedique a sus funciones, que consisten en la supervisión del sistema financiero. Porque, en lo demás, hace ya tiempo que ha perdido su autoridad moral para intentar interferir e influir en las políticas de este país que no son de su competencia.

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