Mari Carmen Barrera Chamorro, Secretaria de Políticas Social, Empleo y Seguridad Social
En los últimos días se han precipitado las informaciones en torno al principio de acuerdo entre Gobierno y PNV cuyo punto central radica en la cuestión de las pensiones. Son y serán ríos de tinta los que van a acompañar a este acuerdo y su desarrollo en los próximos meses, pues será el responsable de garantizar al débil Gobierno del PP acabar la legislatura.
Pero lo primero que hay que decir alto y claro, porque nadie lo está haciendo para no molestar al Gobierno, es que el hecho de que la subida de las pensiones esté en el centro del acuerdo de presupuestos para 2018 es debido exclusivamente a la presión social, a esa “toma de las calles” que hemos llevado a cabo las organizaciones sociales, como colofón a una estrategia sindical que se ha desarrollado -desde hace ya dos años- en paralelo a la búsqueda de consenso parlamentario. Prueba de ello es que solo un día antes de que se anunciara el principio de acuerdo para los PGE de 2018, se alcanzaba un principio de acuerdo en el Pacto de Toledo para diseñar un nuevo Índice de Revalorización de las pensiones, que recuperaba lo que tanto hemos pedido, la revalorización sin pérdida de poder adquisitivo, es decir, conforme al IPC.
Mucho se ha escrito también sobre la destreza mostrada por el Gobierno en defender una cosa y la contraria. Son innumerables las veces que Rajoy y su Gobierno ha negado la existencia de recursos para subir las pensiones al IPC. Lo hicieron formalmente en 2017 cuando vetaron por “desviación presupuestaria” nuestra Proposición de Ley de subida de las pensiones al IPC (iniciativa que contó con el apoyo mayoritario del Parlamento y que fue promovida por los Sindicatos). También el 14 de marzo del año pasado otra Proposición, esta no de Ley, instó al Gobierno a derogar su reforma de pensiones del 2013, como paso previo a alcanzar un acuerdo en el seno del Pacto de Toledo. Pues el Gobierno -junto a C’s-, por segunda vez consecutiva, se quedó solo frente a la mayoría parlamentaria.
Es curioso que justo un año después, el 14 de marzo de 2018, Rajoy compareciera para anunciar una batería de medidas a incluir en los PGE, que de manera parcial subían las pensiones. ¿Qué ha ocurrido para que en ese año exacto Rajoy pasara de “vetar” a “proponer” a los socios en los PGE subidas en las pensiones? Pues desde las “Marchas por las Pensiones Dignas” que recorrieron toda España con asambleas, marchas y manifestaciones hasta las multitudinarias movilizaciones producidas este año, donde la presión y apoyo social han ido subiendo. Desde el 9 de octubre de 2017 en Madrid, con más de 50.000 manifestantes en el colofón a las marchas, hasta el pasado domingo 15 de abril, con concentraciones en todas las capitales de provincia, un rosario de movilizaciones que han logrado el cambio que ya anunciábamos en las asambleas: “Hasta que el Gobierno no sienta el malestar social por el recorte de las pensiones, no va a dar marcha atrás en su reforma”, y exactamente así ha sido (de manual).
Y hay que darle más valor si cabe, porque no podemos olvidar la poderosa maquinaria de opinión que existe en torno al Gobierno: aseguradoras, banca, el propio Banco de España, etc., convenciéndonos de que era una locura lo que pedíamos sindicatos y pensionistas, que subir las pensiones conllevaba prácticamente la quiebra de nuestras cuentas públicas y poner en riesgo la estabilidad presupuestaria que tanto había costado conseguir. Y otro tanto sucedía cuando planteábamos la necesidad de complementar las cotizaciones sociales con impuestos. De manera velada en unos casos y directamente en otros nos acusaban de demagogos, como si la fiscalidad de nuestro país fuera un pilar inamovible. Y no digamos cuando propusimos que las empresas relacionadas con las nuevas tecnologías contribuyeran con impuestos al mantenimiento de las pensiones, dado que no existe en ellas proporción entre la productividad del trabajo humano y las ganancias que realmente obtienen, superiores a otras y que, de no corregirse esta proporción, podría desembocar en una tendencia empresarial a soslayar cuando no anular el trabajo humano por este tipo de actividades. Con tono jocoso y hasta bromas se hacían eco los medios de comunicación de esta propuesta de UGT. Sin embargo, con una destreza sorprendente, el ministro Montoro llevaba el pasado viernes a Consejo de Ministros la propuesta de creación de la “tasa google”, que ni siquiera está puesta en marcha en el marco europeo (conducta que, por cierto, es la contraria a la habitual, ya que España suele recibir amonestaciones de Europa por la falta de transposición de directivas de ámbito europeo).
A estas alturas lo menos que podemos decir es que siempre, desde el principio, hemos tenido razón en UGT y el Gobierno con sus últimos actos nos la está dando de manera evidente. La reforma de pensiones del 2013 del Partido Popular era social y políticamente insostenible, ya que el recorte que plantea es insoportable. Había que complementar las cotizaciones sociales en este periodo transitorio de jubilación de la generación del baby-boom con impuestos. Eso era posible, como también lo es el hecho de poner el acento en la recaudación fiscal de las empresas tecnológicas. La batalla moral está ganada, pero aún no hemos alcanzado la victoria que perseguimos.
Y es que hasta ahora, lo único que hay son acuerdos (o preacuerdos, como prefieren llamarlos en el PNV) presupuestarios. Y en estos acuerdos hay muchas cosas que no están por escrito. Para empezar, el hecho de que la subida de las pensiones al IPC tenga carácter retroactivo a enero de 2018, pues la entrada en vigor de los presupuestos se prevé que sea para junio. Esto concuerda con las estimaciones de recaudación de Montoro para esa nueva tasa (600 millones de euros) cuya entrada en vigor no puede ser antes de final de año. Esta cantidad es justo la mitad de lo que costaría la subida de las pensiones al IPC todo el año, pero sí sufragaría la entrada en vigor de la subida de pensiones a mitad de año. Hay que recordar al Gobierno que en caso de que no apliquen la subida con efectos a enero de 2018, el recurso interpuesto por UGT contra la subida del 0,25% que está admitido a trámite por el Tribunal Supremo, garantizará y obligará a que los pensionistas sean compensados desde primero de año.
Tampoco hay nada por escrito sobre la cláusula de revisión a final de año, pues tal y como pedimos, para que no haya pérdida de poder adquisitivo no solo hay que subir las pensiones al IPC previsto, sino que hay que revisar las mismas una vez que el IPC sea definitivo, ya que si no se hace puede seguir habiendo pérdidas, incluso cuantiosas. Y otro tanto ocurre con el Factor de Sostenibilidad, ya que su postergación a 2023 no concuerda en nada con lo que pedimos, que es la derogación y desaparición de un elemento de recorte que no debe existir. Porque, resumiendo, en tanto no se derogue la reforma de pensiones del 2013 no habremos conseguido nuestro objetivo y, de momento, los acuerdos presupuestarios solo la dejan en suspenso para este año (¿completo?) y para el año 2019 no queda nada garantizado, pues queda condicionado todo al acuerdo en el Pacto de Toledo.
La movilización, por tanto, debe y va a continuar, pues tras estos últimos acontecimientos UGT va a exigir la derogación del IRP, trabajará para impulsar un acuerdo definitivo sobre el mantenimiento del poder adquisitivo en el Pacto de Toledo, pedirá la convocatoria de la mesa de Diálogo Social para concretar en medidas y reformas legales ese acuerdo, y continuará presionando para lograr derogar toda la reforma de pensiones de 2013. Ahora que la movilización social evidencia su eficacia como palanca para cambiar las políticas, no la vamos a abandonar hasta que no alcancemos nuestros objetivos. Porque nos asiste la razón y, sobre todo, la justicia social. Por tanto, trabajadoras y trabajadores, pensionistas y ciudadanía en general, quedamos todas y todos convocados en el terreno donde se consiguen los derechos: ¡nos vemos en las calles!
