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De un sistema actuarial de pensiones a un sistema social de pensiones

Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda, Universidad del País Vasco

El sistema actual de pensiones se deriva del Pacto de Toledo. Es un sistema en el que las pensiones contributivas se tienen que pagar con cotizaciones. Como las cotizaciones empresariales no pueden subir mucho por sus efectos sobre el empleo, se trata de un sistema que con unos ingresos casi fijos (en % del PIB) tiene que pagar cada vez más pensiones. En este esquema actuarial la única vía de ajuste ante los desequilibrios financieros es reducir las pensiones. Y esto han hecho las reformas del 2011 y 2013. La reforma del 2013 ha incluso automatizado la reducción introduciendo un factor de sostenibilidad (que reduce las pensiones iniciales según aumenta la esperanza de vida) y un índice de revalorización (que reduce las pensiones ya generadas cuando hay déficit). Estas reformas implican reducciones sustanciales de las pensiones futuras. Se cobrará menos durante menos tiempo y, lo que es más grave, en los escenarios más plausibles el valor real de las pensiones se reducirá desde el momento de la jubilación hasta el fallecimiento. Cuanto más viva un jubilado, más pobre será. Si nada cambia, el resultado será una sociedad envejecida y empobrecida.

“O se aportan impuestos al sistema o las pensiones tendrán que bajar incluso más de lo que ya está previsto.

A pesar de las reformas y que desde que se abandonó la indiciación en 2011 los pensionistas han perdido el 5,1% del valor real de sus pensiones, el sistema sigue en déficit. Según los más optimistas el déficit continuará al menos hasta el 2030. Según muchos otros es posible que continúe más allá del 2050. Es decir, ni siquiera es sostenible el sistema actual en el que conviven un déficit sustancial y una reducción real de las pensiones. Por ello, o se aportan impuestos al sistema o las pensiones tendrán que bajar incluso más de lo que ya está previsto.

El modelo actual no se basa en ninguna cuestión técnica, sino en una posición ideológica. Básicamente que los jubilados no tienen derecho a ningún nivel de pensiones y que ellos deben pagar el coste del envejecimiento

El Gobierno oscila entre negar que las pensiones tengan problemas y vayan a bajar (argumentando que el empleo resolverá todo) y buscar medidas que puedan dividir a los pensionistas con pensiones bajas y altas (subiendo sólo las bajas o proponiendo ajustar al IPC sólo las bajas) y a los pensionistas y trabajadores (diciendo que es imposible recaudar lo necesario para financiar pensiones dignas). Sin embargo casi nada de lo que dice el gobierno sobre pensiones es cierto. La realidad es que las pensiones o, si se quiere ser preciso, niveles dignos de pensiones están en peligro. La buena noticia es que la economía genera recursos suficientes para pagar niveles razonables de pensiones. Para ello hay financiar las pensiones no solo con cotizaciones sino también con impuestos. Porque el modelo actual no se basa en ninguna cuestión técnica, sino en una posición ideológica. Básicamente que los jubilados no tienen derecho a ningún nivel de pensiones y que ellos deben pagar el coste del envejecimiento. Para evitarlo se debe pasar de un modelo actuarial de pensiones como el actual (en el que los ingresos fijos por cotizaciones determinan el nivel de pensiones) a un modelo social de pensiones (en el que la sociedad determinaría el nivel de pensiones y se obtendrían los ingresos necesarios para financiarlas).

Hay que pasar del modelo actuarial de pensiones (en el que los ingresos fijos por cotizaciones determinan su nivel) a un modelo social de pensiones (donde es la sociedad la que lo determina)

El nivel de pensiones dignas se debe determinar socialmente. Pero sea cual fuere el nivel, es inaceptable que al envejecer los jubilados se empobrezcan. Por ello, revalorizar las pensiones según el IPC debería ser un principio irrenunciable en cualquier reforma de las pensiones. La revalorización con el IPC es un mínimo porque no evita que los pensionistas empobrezcan en relación al trabajador medio ni en relación a la renta media del país ya que ambos crecen en el largo plazo más que el IPC. Además, incluso si revaloriza en relación al IPC, el coste de las pensiones en relación al PIB disminuye.

“Al final el problema de tener unas pensiones dignas no es una cuestión de dinero, que lo hay, si no de voluntad y valor político”

El coste de la actualización según el IPC tiende a exagerarse. No es gratis, pero según la AIREF, no superará el 0,1% del PIB anual lo que implica que en el 2030 llegará a un 1,3% del PIB. Considerando la necesidad de reducir el déficit, el coste de mantener las pensiones y eliminar el déficit será moderado la mayor parte del tiempo. Puede que por debajo del 2% en el medio plazo y bastante menos en el corto plazo. Esto es algo perfectamente asumible porque buena parte de este dinero lo proporcionará el propio crecimiento económico mientras que no se haga como siempre hacen los gobiernos en España y reduzcan los impuestos en cuanto la economía empieza a crecer. En todo caso, no se debe infra estimar el esfuerzo para financiar pensiones dignas porque no basta con pequeños retoques fiscales. Pero sí pueden financiarse sin grandes problemas reduciendo gastos ineficientes, reformando el sistema de cotización, eliminado bonificaciones en todos los impuestos, cerrando vías de elusión y evasión en los impuestos generales, estableciendo recargos y creando impuestos nuevos. Porque, al final el problema de tener unas pensiones dignas no es una cuestión de dinero, que lo hay, si no de voluntad y valor político para obtenerlo que, de momento, no lo hay.

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