La concertación en defensa del empleo es clave, pero hace falta un amplio pacto político para afrontar este reto histórico
El pasado lunes, 11 de mayo, UGT, CC OO, CEOE, Cepyme y el Gobierno firmamos en La Moncloa el denominado Acuerdo Social en Defensa del Empleo, que contiene una serie de medidas para dar continuidad al acuerdo del pasado mes de marzo para mantener vivo nuestro tejido productivo –exoneración de cuota en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor– y extender la protección por desempleo de las personas trabajadoras afectadas por los ERTE, cualquiera que sea su modalidad, con los beneficios del cómputo de este periodo de prestación para prestaciones futuras y la no necesidad de periodo de carencia. Se dejan, asimismo, las puertas abiertas para extender tanto el periodo de tiempo de esta legislación de urgencia más allá de la fecha prefijada, el 30 de junio del 2020, como las exoneraciones en la cotización a los ERTE por causas objetivas en los porcentajes y requisitos que se establezca, en su caso, por el Consejo de Ministros.
El acuerdo ha sido el fruto de un complejo y laborioso proceso de negociación en el que todos hemos cedido en parte de nuestros postulados por el bien común. En este caso, por el bien de las personas trabajadoras afectadas por los ERTE y las empresas que optan por el mantenimiento del empleo frente al despido.
Si miro hacia atrás, no puedo sino destacar el trabajo que los interlocutores sociales hemos realizado en esta crisis, así como de las sustanciales diferencias con las decisiones tomadas en otros momentos también de crisis para la sociedad española. Y es que uno de los elementos que más sobresale es el del diálogo social. Desde el comienzo de las crisis, los sindicatos hemos estado alineados con la búsqueda de soluciones dirigidas al mantenimiento del empleo y la salvaguarda del sistema productivo.
El acuerdo de 11 de mayo del 2020 no solo refleja el contenido sustancial referido, sino que determina la necesidad de consulta a los interlocutores sociales firmantes para el supuesto de prórroga, extensión o desarrollo de las medidas contempladas, articulándose un espacio para la negociación que espero origine una legislación consensuada. Se institucionaliza el diálogo social, adoptando con ello una decisión certera, puesto que los interlocutores sociales firmantes hemos demostrado que podemos aparcar nuestras diferencias, que son muchas y de calado, cuando es necesario.
Hemos aportado una madurez que se debe a la proximidad con las personas que están en los ERTE, al convencimiento de que sin la recuperación de las empresas no se pueden recuperar los puestos de trabajo. Frente a las decisiones unilaterales de otro tiempo, que hicieron recaer la salida de la crisis en las espaldas de los trabajadores y trabajadoras, todo nuestro esfuerzo ha ido dedicado a la salvaguarda del empleo y a la protección de las personas afectadas por la crisis, exigiendo la extensión de la red social de una forma continua. Es cierto que resta aún mucho camino y que hay que atender situaciones imperiosamente urgentes: la extensión de los beneficios del acuerdo más allá del 30 de junio deberá ser objeto de una ardua negociación; la protección no está cerrada y el ingreso mínimo vital para esta crisis aún no ha sido aprobado; es esencial que la Unión Europea aporte las soluciones que le requieren principalmente los países del sur.
Además, tenemos que afrontar la negociación de un plan de reconstrucción económico y social, y para ello es fundamental la concreción de un plan de estímulo al consumo interno dirigido de manera prioritaria a aquellos productos elaborados en España, al turismo, al comercio y todo lo que se mueve en su entorno. Ese plan debe ser la base para que, una vez controlada la pandemia, pudiéramos recuperar empleo y empresas de manera rápida.
Un proyecto de reconstrucción que considere la recuperación como una oportunidad para cambiar nuestro modelo productivo y social, tomando como marco el pilar europeo de derechos sociales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Un plan que tiene que estar supeditado a los factores fundamentales que están presidiendo la deshibernación de la economía: la protección de la salud; la seguridad de los trabajadores y trabajadoras; la protección del empleo, especialmente a través de la prolongación de los ERTE; la protección de las personas y en especial las más vulnerables, manteniendo las medidas acordadas para dar cobertura a los colectivos de trabajadores y trabajadoras que han perdido su empleo y a través de una nueva renta mínima, así como el resto de medidas acordadas.
Porque esta crisis no finalizará con el fin del estado de alarma. Resulta imprescindible continuar aplicando medidas económicas y laborales que protejan a las personas y sostener el apoyo a las empresas, en especial a las pymes, con el fin de evitar la destrucción del tejido productivo y del empleo. Por eso es fundamental la extensión de los ERTE mientras sean necesarios. Si no es así, el esfuerzo realizado se diluirá como un azucarillo en agua y se destruirán el empleo y las empresas que hemos conseguido preservar.
El acuerdo del 11 de mayo es importante, pero es necesario un amplio acuerdo político, serio, responsable a la altura del momento y de la respuesta de la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Tendríamos que hablar de un nuevo modelo productivo, de relaciones laborales, de I+D+i, de sostenibilidad, de los servicios públicos, del gasto público, del incremento de la recaudación fiscal,… Porque no podemos limitarnos a la inmediatez, al aquí y ahora que nos domina como consecuencia de esta pandemia y la necesidad de hacerle frente. Tenemos que repensar el futuro, nuestra economía, nuestras relacionales laborales, nuestro modelo social.
