Artículo de opinión de Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria General de UGT, en «El Siglo de Europa»
El último día del año 2019 los medios de comunicación se hicieron eco de una información que refleja claramente una triste realidad, la indefensión de las víctimas de violencia de género. Se trataba de una mujer que, al verse amparada por su familia, nada más llegar de viaje con su pareja y sus hijos, denunció ante las fuerzas de orden público, en el mismo aeropuerto, que sufría maltrato de forma habitual.
Esta noticia ejemplifica una situación que hemos denunciado continuamente, la inseguridad y desprotección de las víctimas de violencia de género. Las mujeres tardan mucho tiempo en pedir ayuda, una media de entre ocho años y ocho meses en contar su situación porque tienen miedo a denunciar ante falta de políticas de protección adecuadas.
No suele ser noticia la denuncia, ni el temor de una mujer a denunciar una situación de abuso y violencia. Lo habitual es que conozcamos la punta del iceberg de estas situaciones, los asesinatos que se producen por este motivo, más de uno a la semana durante el año pasado.
En 2019 se ha batido un triste récord en este sentido, 55 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Las cifras han ido aumentando desde 2017, cuando se contabilizaron 50 asesinadas –en 2018, el año se cerró con 51–. Y sólo un 20% de las víctimas del año pasado denunciaron su situación.
Lamentablemente hemos empezado el año 2020 con otra tragedia, una madre y su hija presuntamente asesinadas por su pareja y padre, respectivamente.
Los datos en su conjunto evidencian que el sistema y las políticas contra la violencia de género, y en definitiva el Estado de Derecho, están fracasando. Y resulta absolutamente dramático en los casos de mujeres asesinadas que habían confiado en la Justicia y habían denunciado. Está claro que, en estos casos, la protección de las víctimas es insuficiente.
Por eso es que el Pacto contra la Violencia de Género se ha quedado corto. Es insuficiente y no ha contribuido a reducir la violencia de género; tampoco ha contribuido a ello –e incluso puede haberlo alentado– el discurso retrógrado y negacionista de la derecha y la Justicia tampoco funciona –los titulares y las titulares de los Juzgados, especialmente los de violencia sobre la mujer deben formarse para estar libres de prejuicios de género–.
Hay que cambiar muchas cosas en este sentido. Tenemos una oportunidad en esta legislatura que se abre ahora para construir, desde el diálogo social, una red de medidas eficaces, que incluyan cambios legales, contra la violencia de género, con la perspectiva de proteger a la víctima y aislar al maltratador.
Es preciso que las mujeres tengan la independencia económica suficiente; un sistema judicial formado en igualdad, a la vanguardia de la defensa de los derechos fundamentales y una mayor coordinación entre los poderes públicos, las administraciones y todos los sectores implicados en la atención a las víctimas.
No hay que olvidar medidas laborales que permitan la inserción y permanencia de las víctimas de violencia de género, la mejora de sus derechos laborales y de su protección social, la garantía del ejercicio de dichos derechos, y la mejora del tratamiento específico del acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
Es el momento de actuar sin dilación, aplicar el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres y poner en marcha las recomendaciones de organismos internacionales. No se puede perder más tiempo.
