Gonzalo Pino Bustos, Secretario de Política Sindical de UGT
Las políticas de austeridad extrema aplicadas desde 2010 agravaron la crisis y condenaron a millones de familias a situaciones de pobreza y de exclusión social, mientras las empresas y los altos directivos obtenían elevados (indecentes, en muchos casos) beneficios y rentas.
La devaluación de los salarios fue pieza clave de esa estrategia del sufrimiento en España, como indican los datos: el poder de compra de los salarios ha caído 9 puntos porcentuales de media desde 2008; la masa salarial total pagada por las sociedades no financieras ha caído en 10.000 millones de euros, mientras sus beneficios aumentaron en 37.000 millones; el salario más frecuente en España no llega a 1.000 euros netos al mes. Como consecuencia directa de todo ello, el 14,1% de las personas con empleo, el 44,6% de los desempleados y el 28,1% de los niños son pobres; y España es el cuarto país de toda la Unión Europea con mayor desigualdad.
“Ese empobrecimiento provocado de la mayoría de la población, la clase trabajadora asalariada, resulta una realidad injusta y peligrosa, caldo de cultivo de un creciente malestar social y de planteamientos políticos populistas”
En un contexto caracterizado desde 2014 por una notable expansión de la actividad, beneficios elevados para la mayoría de las empresas (desorbitados para las más grandes) y aumento del número de ricos, ese empobrecimiento provocado de la mayoría de la población, la clase trabajadora asalariada, resulta una realidad injusta y peligrosa, caldo de cultivo de un creciente malestar social y de planteamientos políticos populistas.
Por eso se ha extendido el reconocimiento de que los salarios deben aumentar, como venimos defendiendo los sindicatos desde el propio inicio de la gran recesión. Hasta las instituciones nacionales e internacionales que impulsaron aquellas nefastas políticas de recortes lo asumen -a su manera- ahora. Pero ha sido la insistencia y la presión sindical la que ha logrado traducir esas necesidades de aumento salarial en medidas concretas dirigidas a lograrlo, que se plasman en tres importantes acuerdos alcanzados en los últimos seis meses.
El primero, el alcanzado en 2017 con el gobierno para subir el salario mínimo legal hasta 850 euros en 2020, lo que supone un incremento del 30% respecto del salario mínimo existente en 2016 (655,20 euros). El segundo, el logrado en marzo de este año entre los sindicatos de la función pública y el gobierno, que recoge importantes mejoras en materia de empleo y condiciones laborales para los empleados públicos, y el aumento del salario de este importante colectivo entre un 6,1% y un 8,8% hasta 2020, tras años de cuantiosas pérdidas de poder de compra. Y el tercero, el Acuerdo de negociación colectiva firmado por sindicatos y patronal el 5 de julio (IV AENC), que recoge subidas salariales de 2018 a 2020 de hasta un 3% cada año, y sobre todo, el aumento de los salarios mínimos de convenio hasta al menos 1.000 euros al mes, con catorce pagas.
“Es preciso que se implementen medidas efectivas para dotar de verdadera competencia a algunos mercados de bienes y servicios esenciales, en los que ahora unas pocas empresas establecen condiciones injustificadamente favorables para sus beneficios”
Todas ellas son medidas muy importantes, que deben desarrollarse plenamente; pero no son suficientes. Para que tengan el impacto deseado precisan, además, de tres actuaciones paralelas. De un lado, es necesario que mejore la calidad del empleo, porque buena parte de la devaluación salarial producida desde 2008 tiene que ver también con la degradación del empleo, que se ha vuelto mucho más precario. De otro lado, es imprescindible reequilibrar las fuerzas en la negociación colectiva, actualmente tremendamente sesgadas en favor de las empresas, otorgando de nuevo primacía al convenio sectorial frente al de empresa. En ambas cuestiones se trata de revertir algunos de los cambios más lesivos introducidos por la reforma laboral de 2012.
Por último, también es preciso que se implementen medidas efectivas para dotar de verdadera competencia a algunos mercados de bienes y servicios esenciales, en los que ahora unas pocas empresas establecen condiciones injustificadamente favorables para sus beneficios, a costa de precios muy elevados para los consumidores (electricidad, carburantes, servicios financieros o telecomunicaciones).
