Artículo de Carmen Castilla, Secretaria General de UGT-Andalucía, publicado en la revista Agenda de la Empresa
El agravamiento de la tercera ola de la pandemia, y el lógico aumento de restricciones que tienen sus consecuencias económicas, exigía el acuerdo para la ampliación de los ERTE hasta el 31 de mayo.
Las nuevas restricciones, adecuadas y necesarias, para evitar más contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por la COVID, deben tener su correspondencia en ayudas a los sectores productivos afectados, y la primera barrera contra el aumento del paro y el cierre de empresas es la prórroga de los ERTE, un sistema propuesto por UGT, desde el primer estado de alarma por la pandemia a mediados de marzo de 2020.
Pero las exigencias de la patronal, en especial, que se eliminara la imposibilidad de despedir durante los seis meses posteriores al ERTE, suponía eliminar la protección que correspondía a los trabajadores, y eso, las centrales sindicales no lo podíamos permitir. Si las empresas necesitan las ayudas para paralizar o ralentizar su actividad, hasta que pase la pandemia, los trabajadores necesitan la estabilidad suficiente para garantizarles que no serán despedidos. Viajamos en el mismo barco, para cuando los vientos sean favorables, pero también para protegernos cuando hay tempestad.
Desde UGT-A entendemos que el sistema de los ERTE debe continuar hasta que termine la crisis derivada de la pandemia. De momento hemos propuesto ya una nueva prórroga hasta final de año, pero las ampliaciones deberían ser algo automático, mientras la crisis persista.
También reiteramos el llamamiento que hemos hecho a la Junta de Andalucía que, como gobierno autonómico, debe complementar las ayudas que el gobierno central no alcanza para todas las necesidades, especialmente para los sectores que son más relevantes, o los colectivos más afectados. La Junta debe establecer ayudas para los trabajadores fijos discontinuos en las prestaciones por ERTE aunque no hayan sido llamados por la situación excepcional de pandemia; debe complementar la prestación a los trabajadores que no alcancen unos ingresos mínimos de subsistencia; y debe volver a poner en marcha, con urgencia la Renta Mínima de Inserción, para que sea complementaria con el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno central.
Un acuerdo que ha pasado más desapercibido, pero que es fundamental para la protección social, es el de la autonomía personal y la dependencia para la plena implementación del servicio de atención y ayuda a domicilio. Se ha alcanzado, también, en la Mesa de Diálogo Social, con el Gobierno central, patronales (CEOE y CEPYME) y sindicatos (UGT y CCOO).
El acuerdo mejora la financiación del sistema de Atención a la Dependencia, aumentando los fondos en, al menos, 600 millones de euros para 2021, lo que incluye una subida de las cuantías en el nivel mínimo del 17,4%, y la recuperación del nivel previsto. Se pondrá en marcha una evaluación del sistema, reducción sustancial de las listas de espera, y se vigilará que existan unas condiciones de trabajo dignas, y una calidad del servicio adecuada.
En Andalucía el acuerdo de Dependencia, alcanzado a nivel nacional, debe articularse y dotarse de medios adecuados. Para ello, desde UGT-A proponemos la creación de una Mesa en materia de Dependencia, dependiente del Diálogo Social, porque hay que agilizar el sistema actual, poner en marcha nuevas medidas, y realizar un seguimiento de la consecución de los objetivos marcados que conlleve al fortalecimiento del Sistema de Autonomía y Atención de la Dependencia, en nuestra Comunidad.
Después de todo lo dicho, alguno se sorprendería con el inicio de movilizaciones anunciadas por los dos sindicatos mayoritarios. Es necesario mucho más. Es cierto que estamos a las puertas de un empeoramiento de la crisis económica, sólo sostenida por las ayudas públicas. Pero no podemos permitir que esta crisis vuelva a pagarla la clase trabajadora. El 11 de febrero celebramos la primera movilización de una campaña por la dignidad del trabajo, y de las prestaciones sociales. Exigimos subir el SMI a mil euros, derogar las dos últimas reformas laborales y la Ley de Pensiones de 2013.
Lo haremos, como siempre, con todas las medidas de seguridad necesarias, pero no podemos esperar más. El momento es ahora. ¡Ahora, sí toca!
