Artículo de Isabel Araque, Secretaria Confederal de UGT.
La insistencia en solitario de UGT durante estos últimos meses en la Mesa del Diálogo Social ha dado sus frutos: la reforma laboral ha logrado eliminar del marco normativo la disposición adicional decimosexta.
Apenas habían transcurrido cincuenta días desde que Mariano Rajoy jurara su cargo como presidente del Gobierno cuando impuso una reforma laboral exprés, sin negociación ni contemplaciones. Otra medida ejemplarizante más de cómo iba a conducirse su gobierno, pues la primera la tomó una semana después de su investidura, cuando su gabinete aprobó un brutal recorte del gasto público.
La Función Pública y sus empleadas y empleados fueron grandes damnificados de sus políticas neoliberales. No en vano, su intención era convertirlos en una extensión del ámbito privado, trasladándoles sus prácticas más perjudiciales. Como empleador era el ejemplo con el que quería predicar.
Así, la aprobación de la reforma laboral de 2012 introdujo en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores la disposición adicional 16ª y la 17ª, que venían a regular los despidos por causas organizativas y económicas del personal laboral de las Administraciones Públicas. Con estas medidas se abría la puerta a los despidos colectivos en los servicios públicos, con el agravante de que siempre debían tener carácter extintivo. El Gobierno del Partido Popular dejaba claro cuál era el modelo a seguir.
Otro ejemplo es posible
Desde el primer momento, en UGT Servicios Públicos fuimos conscientes del daño que la entrada en vigor de estas medidas supondría para los servicios públicos, para sus trabajadores y, desde luego, para la ciudadanía. Decidimos actuar. Ya en nuestro noveno congreso, celebrado en 2013, aprobamos unas resoluciones –documento que fija las líneas esenciales de actuación del sindicato para los próximos años- donde nos comprometimos a trabajar para derogar las medidas impuestas por el Gobierno de Rajoy que incidieran negativamente sobre los Servicios Públicos y su plantilla. Por supuesto, la reforma laboral de 2012 era una de ellas.
Ha costado años, muchas peleas y una intensa recta final de ardua negociación pero, finalmente, lo hemos conseguido. La insistencia en solitario de UGT durante estos últimos meses en la Mesa del Diálogo Social ha dado sus frutos: la reforma laboral ha logrado eliminar del marco normativo la disposición adicional decimosexta. UGT ha demostrado que otro ejemplo es posible al impedir, con su tesón, que se pueda aplicar a los empleados públicos una medida injusta y desproporcionada.
Hasta agosto de 2020, más de 2.500 trabajadores y trabajadoras laborales han sido despedidos por esta vía y no derogar la disposición decimosexta era sostener una espada de Damocles sobre los servicios públicos. Se abría la puerta a posibles arbitrariedades con la utilización de esta figura, suponiendo poner en cuestión los principios de objetividad, neutralidad y trasparencia que deben regir las Administraciones. UGT siempre ha mantenido que proteger la estabilidad del personal en el ejercicio de sus funciones es la mejor garantía de una Función Pública objetiva. Y evitar los despidos de empleadas y empleados públicos cuando más necesarios son para atender adecuadamente a la ciudadanía, es un ejemplo de cómo se debe defender el Estado de bienestar y los derechos de su personal.