Artículo publicado en el semanario El Siglo de Europa
No paro de escuchar por la radio anuncios sobre plataformas de cuidados destinadas a menores, personas dependientes y, sobre todo, personas mayores. Anuncios que han proliferado a raíz de los déficits de cuidados, que se han constatado durante la crisis provocada por la Covid-19.
La llegada de la llamada ‘nueva normalidad’ -en lo que parece ser la segunda oleada de la pandemia, porque aumentan los contagios y los confinamientos- ha provocado el auge de estos negocios. Dicen que nos solucionan el problema, si necesitamos atender a una persona dependiente (menor o mayor o personas con discapacidad) y nos ofrecen personas cuidadoras por días, horas, noches o para momentos puntuales.
A continuación, saltan mis alarmas. Es una fórmula de negocio que puede ser lícito, pero que abunda en un modelo sin futuro; un negocio, en este caso profundamente feminizado, en el que prima sobre todo la rentabilidad y el beneficio económico a costa, quizás, de otras variables: las condiciones laborales de las personas cuidadoras, en los servicios de atención, etc.
Son plataformas digitales, como las de los riders, personas que trabajan en las plataformas digitales de reparto, y que sufren una explotación laboral, sin precedentes, al intentar burlar el empleador (en este caso la plataforma digital) la actual legislación laboral. Intentan hacer pasar como autónomos a trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Hay que recordar que el Tribunal Supremo, recientemente, nos ha dado la razón respecto a Glovo y que hay numerosas sentencias que también avalan la denuncia de nuestro sindicato en referencia a este modelo de negocio de las plataformas de reparto.
Las plataformas que ofrecen servicios de cuidados actúan, en líneas generales, de una forma similar. Son intermediarias de servicios. En este caso ponen en contacto a los familiares, con personas dependientes a su cargo, y sus posibles cuidadores/as (auxiliares, enfermeras, personas de servicio doméstico), a cambio de recibir una comisión del precio pactado entre las partes. Un negocio con costes bajos, enormes beneficios y escasa responsabilidad si carecen de un control adecuado.
En varias ocasiones estas prácticas han sido denunciadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por operar, presuntamente, como agencias de colocación sin autorización. Conviene recordar que solo podrán acceder al servicio que ofertan estas plataformas de cuidados las personas y familias con un cierto nivel adquisitivo, lo que excluye a una gran mayoría.
Cumplir la legislación laboral
Por eso, desde UGT permaneceremos vigilantes, como lo hemos estado con las plataformas digitales de reparto, sobre el tipo de relación laboral que se establece, las condiciones laborales tienen las personas cuidadoras y la atención que se da a las personas dependientes.
Asimismo, instaremos al Gobierno a que controle, a través de la Inspección de Trabajo el cumplimiento de la legislación laboral actual. Además, se plantea la duda de cómo auditar los servicios que prestan, muchos de ellos por hora o en el domicilio.
Estas plataformas no pueden ser la solución a un problema social que es responsabilidad de las Administraciones Públicas. La solución pasa por dotar de mayores recursos económicos y humanos a los servicios públicos y a nuestro Estado de Bienestar (nuestra sanidad, nuestro sistema de atención a la dependencia, etc.) Una exigencia que para nuestro sindicato es vital: máxime teniendo en cuenta el progresivo envejecimiento de nuestra población.
Reforzar los servicios públicos es además una oportunidad para crear empleo y una atención de calidad, y un elemento imprescindible que forma parte de la premisa de no dejar a nadie atrás para construir un país más justo y eficaz desde el punto de vista económico y social.
