Artículo de opinión en el diario «El País»
España afronta un escenario económico y político cargado de incertidumbres, algunas de carácter global y otras propias. Resultaría imprescindible un acuerdo de las fuerzas progresistas para conformar un programa de gobierno, garantizar su estabilidad y articular una mayoría parlamentaria que dé respuesta las necesidades del país y de sus ciudadanas y ciudadanos: la lucha contra la desigualdad y precariedad vital de millones de personas, por un lado, y las derivadas de las profundas transiciones que atravesamos no solo aquí, sino en Europa y en el mundo, por el otro.
Una nueva convocatoria electoral es un escenario indeseable porque la sociedad española ya ha hablado democráticamente y ha determinado una correlación de fuerzas que tienen que saber gestionar las fuerzas políticas. Es necesario un acuerdo programático y una fórmula de gobierno para hacerlo efectivo. CC OO y UGT hacemos un llamamiento a la responsabilidad y a la altura de miras a los partidos que tras el 28 de abril están llamados a abrir una fase trascendente en la configuración de la sociedad.
Hablábamos de incertidumbres. En primer lugar, las que devienen de la situación económica que apunta a una ralentización de recorrido aún incierto. De forma paralela se observa una fuerte tendencia política neoreaccionaria en numerosos países, impulsora de opciones políticas que han alcanzado el Gobierno de potencias de la importancia de EE UU, Brasil o Italia, y que plantean un serio riesgo sobre la democracia y la defensa de modelos económicos y sociales basados en principios básicos de justicia social y respeto a los derechos humanos.
En España, pese a las durísimas consecuencias de la crisis económica de 2008, y pese a que la puerta de salida de esa crisis está siendo de crecimiento económico acompañado de mayores tasas de desigualdad, no se ha producido un giro reaccionario o anti-político como los citados. Más bien ha tenido expresiones cívicas de defensa de nuestro modelo social y de pensiones, o los derechos de igualdad.
El 28 de abril la ciudadanía acudió a las urnas, tras una campaña electoral tremendamente polarizada, con un resultado que abrió la puerta a un Gobierno progresista que tiene por delante una intensa y compleja agenda reformista. Una agenda que tiene que aspirar a reconstruir un contrato social para lo que se requiere un cambio en profundidad en reformas regresivas que se han ejecutado con el objetivo de promover una devaluación interna: la reforma laboral, la de pensiones, la prestación de desempleo, y otros pilares del Estado de bienestar sin olvidar la regresión de los derechos y libertades.
Esa agenda reformista tiene que abordar materias que van a definirnos como país para las próximas décadas. Hablamos de las medidas necesarias para abordar la transición tecnológica y digital, industrial o medioambiental, o encontrar alternativas para la España vaciada. Sin olvidar los sistemas de formación y cualificación permanente o la regulación de mercados ineficaces que suponen un freno al crecimiento económico —la vivienda, singularmente—. Hay que añadir las políticas de desarrollo sectorial e industrial que promuevan un cambio de modelo productivo generador de empleo estable y con derechos. Y como no, las medidas sobre la estructura de ingresos del sistema de Seguridad Social, de atención a los cuidados, todo lo referido a las consecuencias del envejecimiento de la población. Finalmente, necesitamos hacer posible un sistema fiscal progresivo y suficiente.
UGT y CC OO consideramos que España puede afrontar esta agenda desde presupuestos progresistas. Emplazamos a revitalizar el marco de diálogo social, pues muchas de estas reformas requieren, para ser útiles y operativas, contar con la cualificación democrática que supone la participación de los agentes sociales. En este sentido, hemos dado el paso de hablar con CEOE sobre parámetros compartidos en materias como la Formación Profesional, la digitalización u otras. Por eso necesitamos un Gobierno estable, basado en una mayoría parlamentaria amplia. Hacemos un llamamiento a que los partidos progresistas, PSOE y Unidas Podemos cierren un acuerdo para la investidura y para impulsar una acción de gobierno solvente. El país necesita más luces largas y menos tacticismo permanente.
Se ha perdido mucho tiempo, pero hay tiempo. El acuerdo programático es condición sine qua non para articular esa mayoría parlamentaria, y lógicamente es el que concierne a las organizaciones sindicales, por estar relacionado con materias que condicionan la vida de la mayoría trabajadora. El acuerdo de gobernabilidad corresponde fijarlo a los partidos votados por la ciudadanía. Fijen un plan de acción, un programa compartido, realizable y ambicioso. Establezcan pautas relacionales en un Gobierno y entre partidos. No defrauden, porque solo el tiempo dará perspectiva para evaluar las consecuencias en caso contrario.
Pepe Álvarez es secretario general de UGT y Unai Sordo es secretario general de CCOO
