Artículo de Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria General de UGT, publicado en www.publico.es
Llegan, en oleadas, las informaciones sobre las condiciones que la Comisión Europea ha impuesto a España sobre los fondos del programa Next Generation Europe (NGEU) por el que el Gobierno pondrá a disposición de España cerca de 140.000 millones de euros en los próximos años
Vivimos las secuencias de estos fondos, aprobados el pasado año, como si sobre España pendiera una permanente espada de Damocles, como si desde Bruselas se hubiera fijado la agenda de reformas, y su orientación, en la misma y fracasada línea que se estableció para intentar resolver la crisis de 2008 a 2013, culpable en gran parte de muchos de los déficits con los que hemos llegado a esta nueva crisis. Véase, por ejemplo, cómo los recortes en los servicios públicos y protección social de entonces han debilitado las estructuras públicas para hacer frente hacer frente a la pandemia de hoy.
Parece que a ciertos grupos de presión les hubiera gustado más incidir en aquellas políticas de austeridad de las que más de un representante de la UE ha renegado, el propio Jean Claude Juncker, ex presidente de la Comisión Europea, lo llegó a calificar como «el mayor error europeo».
En esta ocasión, la Comisión no impone un conjunto de medidas concretas. Existen condiciones sí, pero va a instrumentarse, como se especificó el pasado 21 de enero de 2021 con la aprobación de la Regulación para el Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia, se han buscado requisitos más flexibles en términos económicos y políticos, diseñados por parte de cada Estado miembro. Y por eso es crucial la posición y la resistencia que el Gobierno mantenga en Europa y la participación de los interlocutores sociales en el diálogo social que va a decidir sobre los fondos estructurales.
No podemos caer en el error de asumir políticas de austeridad ahora desechadas porque llegan una y otra vez mensajes -y no de Bruselas- que recomiendan y presionan para aplicar políticas que fracasaron en la anterior crisis económica. Y lo que es peor, mensajes que interpretan de forma interesada y tergiversada las informaciones para perpetuar que «sigan ganando los mismos», como siempre.
Tenemos un reciente ejemplo de estas presiones, las «fechas tope» para que España tenga a punto, a finales de este año, la llamada reforma laboral -como dicen los titulares y otras como la reforma de las pensiones para finales del 2022.
Se fija una fecha, pero no se condiciona hacia dónde tienen que ir esas reformas. Está claro que la derogación de la reforma laboral no puede esperar porque su vigencia puede provocar una auténtica debacle en el empleo con carácter inmediato. Ya estamos viendo los primeros indicios. Por eso, es necesario, con urgencia, revertir alguno de los desastres que se realizaron con la reforma laboral de 2012 y recuperar las causas objetivas del despido y la autorización administrativa previa, la ultraactividad en la negociación colectiva y dar prevalencia al convenio sectorial sobre el de empresa.
Y en este sentido, es bueno que se fije un calendario en la medida que presiona para que se haga ya esa modernización del mercado laboral, pero eso no quiere decir que nos diga cómo hay que hacerlo. Y es esto bueno también porque pone límite a las actuaciones y actitudes -como la de la patronal en esta mesa- que tienden a dilatar las mesas de negociación porque en realidad llegan sin voluntad real de llegar a acuerdos.
No hay duda que los fondos son una extraordinaria oportunidad que España tiene que aprovechar, por lo que es necesario -reitero- alcanzar acuerdos amplios y, preferiblemente consensuados, que se centren en la redistribución de la riqueza desde una perspectiva solidaria y de justicia social, que incida en las personas, no deje a nadie atrás y consiga, tras esta inversión multimillonaria, un país más equilibrado.
Condiciones por condiciones, desde luego las nuestras son las de optar por políticas solidarias, que apuesten por la igualdad, la cohesión y justicia social. Y ahora tenemos una oportunidad de realizar un plan de país, con este Gobierno de coalición progresista y, desde el diálogo social que ha demostrado una vez más su valor e importancia en esta pandemia.
