Publicado en El Confidencial el 6 de septiembre de 2018
Parece que el debate sobre la vivienda en nuestro país se aviva con las numerosas noticias que van apareciendo día a día. Aunque de momento no se han adoptado medidas de calado, todo apunta a que la experiencia vivida con la no muy lejana explosión de la burbuja inmobiliaria —que tanto daño ha causado a nuestra sociedad— ha dejado al menos un cierto poso en la necesidad obligada de regular un mercado, el de la vivienda, que ha sido el más fiel exponente del liberalismo económico feroz, donde —supuestamente— la mejor regla es la ausencia de estas.
Lo primero que exigiría una solución adecuada a la problemática de la vivienda en nuestro país es un cambio de cultura. Una obligada reorientación de nuestro concepto de vivienda que se aproximara más a lo que la Constitución española define como un derecho. Y quizás esa es la madre del problema. Pues socialmente hemos reducido algo tan importante como es un derecho constitucional a un simple concepto de bien. Se ha simplificado culturalmente el concepto de vivienda a su única vertiente de propiedad o patrimonio. Y con ello no se busca culpar a la sociedad en general de esta simplificación desventajosa para la ciudadanía.
El verdadero culpable de esta situación es nuestro sistema productivo, que desde hace ya mucho tiempo acusa síntomas de verdadero ‘burn out’, o lo que es lo mismo, de agotamiento hasta la quema. Y, como hemos visto en estos últimos años de Gobierno, un sistema productivo agotado solo produce resultados en forma de pastos arrasados por la precariedad, o dicho de otro modo, nuestra economía solo consigue sacar beneficios en el abuso, bien sea con la especulación del factor trabajo o con la especulación del bien propio.
Y es que la vivienda ha de ser un verdadero bien social y no un objeto de especulación puramente mercantil. Ese es el contenido que ha de darse al derecho constitucional a la vivienda digna. Buena muestra de nuestra conceptualización de la vivienda como patrimonio o activo económico, y no como derecho, es que España siga siendo el país de la UE con mayor número de viviendas en propiedad por habitante, aun con el saldo de la burbuja, que ha hecho que 1,5 millones de personas fueran desahuciadas de sus viviendas.
Más llamativo aún como ejemplo resulta este otro. Hemos podido observar este pasado invierno la fuerza con que la reivindicación sobre la pobreza energética ha irrumpido en nuestra sociedad. Miles de personas en numerosas manifestaciones donde se trataba de apelar a la conciencia colectiva sobre el problema de la imposibilidad de asumir los suministros básicos por los colectivos más desfavorecidos y cómo esto repercutía en la situación de pobreza. Sin embargo, es extremadamente llamativo que en esas manifestaciones no se ‘colara’ ni una sola reivindicación en torno a los elevados precios de los alquileres, a la falta de vivienda social o a la situación de pobreza que genera para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país el hacer frente a alquileres que están casi igualados a sus precarios sueldos.
Porque los alquileres se han disparado, pero los sueldos no han hecho más que recortarse y precarizarse. En definitiva, ¿qué tiene más capacidad de empobrecer, una factura de la luz (también inflada artificialmente) o un recibo de alquiler mensual de una vivienda? La respuesta —aun siendo obvia— no ha conseguido traspasar el sagrado concepto de la propiedad (heredado de épocas pasadas) para incorporarse a las plataformas reivindicativas. Algo que nos hemos propuesto cambiar en UGT.
Desde UGT avisamos que vamos a dar la batalla por conseguir que la vivienda en nuestro país sea un bien social y que dé respuesta a nuestro derecho constitucional a una vivienda digna, dejando, en definitiva, de ser el mayor factor de empobrecimiento de la ciudadanía. No en vano, está más que reconocido el papel de las políticas públicas de vivienda como uno de los factores más importantes en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, pero es que además es una cuestión de cohesión y de justicia social, pues si no es justo que un trabajador o trabajadora deba dedicar —de media en España— 7,1 años de salario íntegro para poder adquirir una vivienda, mucho menos lo será que esta cantidad alcance en Baleares, por ejemplo, los 14 años.
Todo esto es lo que queremos en UGT que cambie y, desde luego, la solución no pasa por una política de beneficios fiscales. ¿Cómo puede beneficiar la fiscalidad a quien no tiene renta? Esto parece una broma de mal gusto, pero en realidad esa es la única política que el anterior Gobierno del PP nos dejó en su Plan Nacional de Vivienda. Eso y una inversión cuasi cero en vivienda social. Hay que dar un giro total en la política de vivienda y poner a los colectivos más desfavorecidos en el centro de la misma. En los próximos meses, tenemos mucho trabajo por delante y desde UGT vamos a apostar fuerte por una verdadera política de vivienda, social e inclusiva. Es derecho de toda la ciudadanía y es de justicia social.
